Un año y medio después, las calles de Barcelona y parte de Catalunya vuelven a arder, esta vez a raíz del encarcelamiento de Pablo Hasel. Como ya pasó con las protestas post sentencia del 1-O, la actuación de los Mossos d'Esquadra para aplacar los disturbios ha encendido a la izquierda independentista. La polémica ha sacudido de lleno las negociaciones para hacer Govern y dan alas a la CUP para encarecer el precio de su apoyo. Después de reclamar un giro de 180 grados en las políticas de seguridad, este jueves los anticapitalistas han concretado. Quieren la disolución de la brigada antidisturbios (la BRIMO) y la prohibición de los proyectiles foam. Pero también reclaman la dimisión del conseller de Interior, de Junts per Catalunya.

"Todo eso está ahora mismo sobre la mesa de las negociaciones", ha afirmado Dolors Sabater, cabeza de lista de la CUP, después de que los anticapitalistas hayan estrenado ya la ronda de contactos con ERC para mirar acordar una investidura y la formación de Govern. Los de Aragonès han querido empezar por los cupaires, un mensaje claro hacia Junts per Catalunya sobre las prioridades y el volantazo a la izquierda que quieren imprimir los republicanos al nuevo ejecutivo. Al mismo tiempo, reconocen el mérito de la CUP de haber sido los únicos que claramente han ganado apoyos este 14-F -han pasado de 4 a 9 diputados.

De hecho, después de la primera reunión que mantuvieron este miércoles al mediodía, ambos partidos enviaron sus respectivos comunicados donde coincidían en subrayar que el resultado de las elecciones evidencia que hay que desplazar hacia la izquierda el liderazgo del procés independentista. Uno de los asuntos que los actores implicados tendrán que dirimir es qué pasa con la conselleria de Interior, que a lo largo de las últimas legislaturas ha estado siempre en manos de Junts per Catalunya. Durante la campaña electoral ERC ya adelantó que considera que hace falta una cambio al frente de las políticas de seguridad.

Un "peligro público"

La candidata Dolors Sabater ha hecho un tour este jueves por los medios públicos catalanes para remarcar el punto de partida de la CUP para afrontar las conversaciones con el resto de fuerzas independentistas y también con los comunes. Desde su punto de vista, ahora mismo la policía catalana es "un peligro público". Justamente ayer trascendió que una joven ha perdido un ojo por culpa del impacto de un proyectil durante las protestas del martes por la noche en Barcelona.

Como ya hicieron después de los hechos de Urquinaona, en octubre de 2019, a la CUP insiste en que es imprescindible acabar con el foam, unas armas que en principio son de precisión y que según los protocolos sólo pueden disparar de cintura hacia abajo. Son, al fin y al cabo, un sustituto a priori más preciso, de las pelotas de goma, que están prohibidas desde hace años en Catalunya. Durante las dos noches de protestas, los Mossos d'Esquadra han disparado 420 balas de foam.

Viejas reivindicaciones

De cara a las negociaciones, uno de los puntos esenciales será arrancar el compromiso para que la Generalitat se retire de las acusaciones contra los manifestantes independentistas detenidos en varias protestas a lo largo del último año y medio. Además, los anticapitalistas recuperan también otra vieja reclamación, que es que se cree una comisión de investigación específica al Parlament para analizar los mecanismos internos de control de los cuerpos policiales.

Con respecto a la dimisión del conseller, se repite el guion de lo que sucedió hace un año y medio con Miquel Buch, que es quien dirigía el cuerpo cuando las protestas post sentencia. Meses más tarde, Torra acabó cediendo a la presión y lo cesó. Ahora, la CUP pide a Miquel Sàmper, también de Junts per Catalunya, que dimita. Como está en funciones, Pere Aragonès no tiene poder para cesarlo.