La presidenta del Parlament, Laura Borràs, envió una carta el lunes a miembros de otras cámaras legislativas informando sobre el embate que mantiene con la Junta Electoral Central para preservar el escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà. En este escrito, que se ha hecho público hoy, Borràs admitía que la JEC ya ha desposeído a Juvillà de su acta de diputado. Es un reconocimiento contundente pero tampoco de una claridad extrema, ya que la pregunta sobre si Juvillà es o no diputado ha levantado mucha polémica los últimos días. Ayer mismo el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas aseguraba que el Parlament cree que sigue siendo diputado pero con algunos condicionamientos: aquellos que chocan con la intervención de los funcionarios, como seguir manteniéndole el correo corporativo o pagarle la nómina. Esta tarde previsiblemente se celebrará a las 17 horas un pleno para aprobar definitivamente el dictamen que ayer se aprobó en la Comissió de l'Estatut del Diputat para mantener el escaño de Juvillà y la CUP pedirá que Juvillà pueda votar, según han informado fuentes de la formación a ElNacional.cat.
Juvillà, sobre quien se cierne una sentencia no firme del TSJC de inhabilitación por no haber descolgado lazos amarillos de la Paeria de Lleida cuando era concejal, no está estos días en la Cámara catalana por problemas médicos, y es que ayer anunció que tiene cáncer, un hecho que alterará su presencia en la Cámara, pero a pesar de eso la CUP quiere que Juvillà pueda ejercer voto delegado y así lo pedirá. Los anticapitalistas presentarán la petición de delegación de voto —un tipo de votación que últimamente se hace a menudo por la covid, que restringe la presencia de diputados en el hemiciclo— en el pleno que se ha convocado esta tarde. Será pocos minutos antes de que empiece cuando se sepan las delegaciones de voto que se han aceptado y, por lo tanto, se sabrá si Juvillà la tiene o no. Es una decisión que asume directamente Borràs porque desde la pandemia se ha agilizado y no tiene que pasar por Mesa, explican fuentes parlamentarias. Así pues, la admisión o rechazo de esta petición evidenciará si se le considera diputado o no.
No ha sido convocado
De momento, los servicios del Parlament ya no han convocado a Juvillà a la Junta de Portavoces y en esta, no había su carpeta con su nombre, un material que está siempre en las sesiones de este tipo, han explicado fuentes parlamentarias. Por lo tanto, Juvillà no ha sido convocado y su material no estaba, un hecho que incrementa las dudas sobre si sigue o no siendo diputado. Estos dos elementos, la convocatoria y el material, son tareas que tienen que hacer los funcionarios, a quienes ayer se decidió preservar de la desobediencia. En cambio, para la web del Parlament, Juvillà todavía es diputado, y su agenda indica que hoy tenía a las 13.30 una reunión de la Junta de Portavoces.
Límite de la desobediencia
Borràs ha convocado la Junta de Portavoces a las 13.30 horas de este jueves como antesala de la celebración de un pleno en el cual se prevé dar luz verde al dictamen que pactaron ayer ERC, JxCat y la CUP, cuando acordaron mantener el escaño a Juvillà, desoyendo así la orden de la JEC, aunque se imponían, como "límite de la desobediencia", no comprometer penalmente a los funcionarios. Esta decisión que se escuda en los funcionarios no ha gustado mucho al independentismo, que ha considerado que al fin y al cabo están siendo gesticulaciones.
Todo indica que no habrá desobediencia en el Parlament porque, a pesar de estas actuaciones de esta semana, todavía nadie ha podido decir con certeza si Juvillà es o no es diputado, después de que la JEC, el viernes de la semana pasada, retirara su escaño y diera tiempo hasta el viernes de esta a Laura Borràs para informar sobre cómo ha hecho efectiva esta retirada. Así pues, Borràs tiene tiempo hasta mañana. Con todo, la CUP se ha ofrecido a ERC y Junts para presidir el Parlament y asumir las responsabilidades necesarias también en la Mesa con el fin de garantizar los derechos del diputado Pau Juvillà y la defensa de la soberanía de la Cámara, así como asumir colectivamente todas las decisiones que pudieran tener consecuencias judiciales. Una propuesta que según la formación anticapitalista no ha sido aceptada.