Impracticable e inviable. Es lo que propone hacer la CUP con la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impone el 25% de las clases en castellano, un llamamiento que la formación anticapitalista hace cuando quedan pocas horas para aprobarse la ley sobre el catalán en la escuela pactada por el PSC, ERC, Junts y comuns. La diputada cupaire Laia Estrada ha vuelto a decir que la norma pactada entre los cuatro partidos compra el relato de la sentencia, afirmando que el castellano es de uso curricular y educativo, un hecho que ha considerado "un retroceso histórico de más de 30 años".

La ley sobre el catalán en la escuela se está tramitando en el Parlament desde hace unas semanas, pero estaba bloqueada por una maniobra de los partidos de la derecha, que la llevaron al Consejo de Garantías Estatutarias. Este martes este órgano ha publicado un informe que establece que la norma no entra en conflicto ni con el Estatuto ni con la Constitución, como censuraban Vox, Cs y PP, por lo cual ya puede seguir su trámite parlamentario y se aprobará mañana a primera hora de la mañana, si no hay ningún imprevisto.

 

Es ante este nuevo movimiento que los anticapitalistas insisten en que "la única manera de hacer frente a la sentencia" es con este gran frente social y político para hacer "impracticable la aplicación de la sentencia e inviable la injerencia de los tribunales". En este sentido, Estrada ha reivindicado una vez más la proposición de ley que presentó a la CUP para establecer el catalán como única lengua de uso, y ha dicho que a partir de un gran consenso de país, la responsabilidad para garantizar la inmersión tiene que ser del departamento de Educación. "Por cada paso atrás que estamos dando, el estado quiere hacer dos más adelante. Insistimos en qué retiren esta ley", ha declarado la diputada.

La diputada de la CUP también ha hecho mención a otro hecho de la agenda política destapado este martes por La Directa, sobre la infiltración durante dos años de un agente de la Policía Nacional a organizaciones vinculadas con la izquierda independentista. La CUP asegura no estar sorprendida de estos hechos, que sí preocupada, y ha explicado que han registrado una batería de preguntas tanto en el Parlament como el Congreso de los Diputados para aclarar los hechos. En la cámara catalana, además, han reclamado la comparecencia de la delegada del Gobierno Maria Eugènia Gay, aparte de haber registrado preguntas concretas dirigidas a la Conselleria de Interior para saber hasta qué punto era conocedora de estos hechos. "Esperamos que la Generalitat responda con la misma exigencia al estado español que con el CatalanGate".