Profundo malestar e irritación entre los jueces por las críticas que ha provocado la condena del diputado Alberto Fernández y su expulsión del Congreso. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho pública esta noche una nota en que condena de manera particular la denuncia de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha asegurado que las pruebas demuestran que el diputado no estaba en el lugar de los hechos y que el objetivo del Supremo era quitarle el escaño. En un comunicado durísimo, el órgano de gobierno de los jueces advierte a la ministra que sus afirmaciones "exceden absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión".

El CGPJ ha advertido sobre la gravedad de estas declaraciones, más teniendo en cuenta que Belarre es miembro del Gobierno, lo cual "sitúa las relaciones entre los dos poderes del Estado en un plano complemento indeseable". El texto ha sido resultado de una reunión extraordinaria de la comisión permanente del Consejo y se ha aprobado con los votos a favor del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. En cambio, los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, han votado en contra.

 

 

El comunicado advierte que estas declaraciones merecen un rechazo absoluto y rotundo, porque "más allá de generar una sospecha inaceptable con respecto al proceder del más alto tribunal de la nación, llegan a atribuir la comisión de un delito a los magistrados".

Añade que, como garante de la independencia judicial, el CGPJ no puede menos que expresar su profundo malestar, porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del gobierno de la nación, a lo cual se añade el hecho de que ya son varios las ocasiones a lo largo del presente mandato en que el CGPJ ha tenido que pronunciarse en este sentido".

En el comunicado, el CGPJ defiende la imparcialidad, independencia y objetividad de los responsables judiciales y "vuelve a hacer un llamamiento, especialmente a aquellos que ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, en qué no menoscaben la imagen de aquellos que día a día velan por los derechos y garantías de que disfrutan a todos los españoles". Asimismo recuerda que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de estas, el Poder Judicial".

 

En|A la imagen principal, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes / Efe