Lejos de cerrar filas contra las adversidades, vuelve el fuego cruzado entre los socios de Govern de la Generalitat a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspender el decreto de aplazamiento de las elecciones y mantener, de momento, la cita con las urnas para el 14 de febrero. Desde JxCat no han tardado en pedir —extraoficialmente— la cabeza de Pere Aragonès, una actitud que ha enervado a ERC.

Minutos después de que trascendiera la noticia de que el TSJC revoca provisionalmente la orden del Govern de desplazar las elecciones del 14 de febrero, el vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha publicado un tuit exigiendo que alguien tendría que dimitir. No ha puesto nombre, tampoco hacía falta, se le entiende todo.

De hecho, fuentes del entorno del vicepresident Aragonès califican de inmoral la reacción de Costa. La portavoz de ERC al Parlament, Anna Caula, le ha replicado inmediatamente para recordarle que "JxCat forma parte del Govern que firmó el decreto con una decisión de consenso". En el mismo tuit ha reclamado que se deje de "politiquería". Y ha rematado la réplica advirtiendo a Costa que es "la persona menos adecuada para pedir dimisiones", él que fue grabado "maniobrando con Cs para hacer daño a Torrent".

Las principales áreas del Govern afectadas por el aplazamiento electoral dependen de Esquerra Republicana —Vicepresidència, Processos Electorals y Salut—. Los republicanos han insistido desde el primer momento en que la decisión fuera consensuada con los socios que, a pesar de acabar aceptando, no han escondido los recelos que les generaba la posibilidad de aplazar las elecciones.

La suspensión del TSJC, provisional

Fuentes de ERC explicaban ayer a ElNacional.cat que están preparados por cualquier eventualidad, incluso si hubiera que volver al escenario de hacer elecciones el 14 de febrero.

Con todo, hay que tener presente que la decisión del TSJC es provisional. Mantiene el 14 de febrero sin parar la máquina electoral mientras entra en el fondo de la cuestión. Si ahora se mantuvieran las elecciones suspendidas pero dentro de unos días la decisión final acabara siendo que se tienen que hacer el 14-F, no habría tiempo material y se vulneraría la seguridad jurídica de todo el proceso, los votantes y los partidos.