Se calcula que hay más de 2.800 personas que han sido o siguen estando encausadas por algún delito relacionado con la participación en actos relacionados con el 9-N, el referéndum del 2017 o las movilizaciones y protestas ciudadanas de respuesta a la represión que ha desencadenado el procés de reivindicación del derecho a la autodeterminación de Catalunya. El dato sale en la propuesta para la ley de amnistía que se presentó en el Congreso y llega hasta los 3.300 represaliados, según el recuento de Òmnium Cultural y la cifra citada por los cargos públicos del Govern de la Generalitat.
El dato también es una referencia para explicar a quién afectaría la ley de amnistía para el procés e incluye a más de 1.000 personas heridas en los diferentes capítulos por los cuales ha pasado el procés independentista desde el 1-O. A todos ellos se les considera represaliados.
Absueltos y casos archivados
La lista crece, pero también crece la lista de absueltos y casos archivados dejando al descubierto investigaciones conducidas a buscar cabezas de turco, sentencias ejemplificantes y diligencias sin fundamento. Todo, parece, para desincentivar la movilización independentista y la estrategia política de ruptura con el estado español. La estrategia judicial del miedo.
La gran cantidad de casos que no llegan a juicio o que el tribunal sentenciador acaba absolviendo tienen un denominador común: la falta de pruebas.
Los acusados para el 1-O
El primer caso de absolución con impacto por lo que representaba y por como dejaba en duda la sentencia del Tribunal Supremo contra parte del Govern de la Generalitat fue el del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Pero esta misma semana, la Audiencia Nacional también ha absuelto a los escoltas de Carles Puigdemont procesados por el delito de encubrimiento por acompañar al expresident de la Generalitat por varios países del norte de Europa hasta su detención en Alemania en marzo de 2018.
Relacionados con el 1-O, los cinco miembros de la sindicatura electoral, después de una instrucción de meses del juez de instrucción 15 de Barcelona, los acabaron absolviendo. Estaban acusados de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La sentencia constata que no se acredita que dieran ninguna instrucción u orden ni que se volvieran a reunir después de las providencias dictadas por el TC.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya absolvió en 2020 a la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Boya era una de las procesadas del caso del 1-O. Su caso fue al Tribunal Supremo y volvió a Catalunya. Y después de 3 años y un juicio, la sentencia la proclamó inocente. La resolución dice que no fue advertida nominalmente por el TC y no ostentaba una posición de intervención en los hechos compatible con el tipo penal de la desobediencia.
Además, de los 30 altos cargos procesados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, 15 de los casos se han acabado archivando. La jueza decidió no procesarlos por falta de pruebas.
Los activistas
Tamara Carrasco, la vecina de Viladecans acusada de pertenecer a los CDR por la Audiencia Nacional, estuvo con arresto en su municipio durante más de un año. Después el tribunal la absolvió. Es uno de los casos más flagrantes de las acusaciones de activistas. Carrasco estuvo detenida por pertenecer a los CDR y estaba acusada de terrorismo.
El 18 de octubre del 2019, durante la protesta por la sentencia del procés, la policía detiene a cuatro jóvenes que después la Fiscalía acusa de desórdenes públicos. En junio del 2021 quedaron absueltos después del juicio. Entre ellos estaba Guillem, el chico de la sudadera naranja.
Hace solo unos días, durante el juicio de Pol Serena, acusado de desórdenes públicos por atacar a dos mossos de esquadra el 21 de febrero del 2019 en una huelga independentista en Barcelona, el otro joven acusado quedó absuelto durante la última sesión. Nadie pudo probar que estuviera en el lugar de los hechos ni que hubiera provocado ningún disturbio.
Marc Casadesús, otro activista acusado para tirar piedras contra el cordón policial el 27 de octubre del 2019 en uno de los cortes en la C-17. La fiscalía pedía un año de prisión por un delito de atentado a la autoridad, pero la jueza consideró que no había pruebas lo bastante contundentes para atribuir e imputar el delito contra el joven y lo absolvió.
En noviembre de 2020, la Audiencia de Barcelona archivó definitivamente la causa contra nueve personas acusadas de desórdenes públicos y coacciones por haber ocupado las vías del TGV de la Estación de Sants. El último archivo ha sido para buena parte de los acusados del corte en la Jonquera de Tsunami Democràtic. Según los abogados d'Alerta Solidària hay más de 300 personas investigadas por las concentraciones de la Jonquera, el Pertús y Tortosa.
Y se cuentan a 18 docentes investigados, las causas de los cuales fueron todas archivadas. Se trata de 9 maestros de Sant Andreu de la Barca denunciados en abril del 2018 por la Fiscalía, 8 de la Seu d'Urgell investigados desde noviembre del 2017 y un maestro de Tremp.
De 712 alcaldes a 78
En septiembre del 2017, justo antes del 1-O se empieza la investigación de la Fiscalía General del Estado que acaba con 712 alcaldes investigados. José Manuel Maza pidió que se investigaran por los "presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal".
La Fiscalía emprende la investigación a partir del listado de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) con los 712 alcaldes que firmaron "un decreto para visualizar su colaboración con la convocatoria del Govern para el 1 de octubre". Según datos de la AMI solo se estaban investigando 78 alcaldes y en 62 casos se ha archivado el caso.
El único exalcalde condenado por desobediencia vinculada al 1 de octubre es el alcalde de Agramunt, y exconseller, Bernat Solé. En diciembre del 2020 la alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan, fue absuelta y en octubre de 2019 el TSJC archivó una querella contra el exalcalde de Premià de Mar y exconseller de Interior, Miquel Buch, por los mismos hechos.