La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, han revelado este viernes la existencia de una tercera investigación al rey emérito, Juan Carlos I, que se encuentra en estado "embrionario" y de la cual se ocupará, de la misma manera que las dos anteriores, la Fiscalía del Tribunal Supremo, y se han limitado a señalar que las perquisiciones partirían de una información procedente de "inteligencia financiera". Se trataría de una fortuna del monarca emérito en la isla de Jersey, según informa El Mundo.
Durante un encuentro informal con la prensa, Delgado y Luzón no han revelado ningún aspecto sobre el contenido de esta investigación al rey emérito, que se suma a la que se abrió por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y la más reciente sobre posibles pagos con una tarjeta opaca de la cual se podrían haber beneficiado Juan Carlos I y otros miembros de su familia sin ser titulares.
Tarjetas 'black' familiares
La investigación sobre las tarjetas opacas se conoció el martes de esta semana y se refiere al uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de los cuales ninguno de ellos figuraba como titular.
Estas tarjetas se abonaban desde una cuenta donde nadie de la familia real aparece como titular, según fuentes próximas a la investigación. Los actuales Reyes, Felipe VI y Letizia, no se beneficiarían de estas tarjetas opacas. Tampoco lo harían la princesa Leonor ni su hermana Sofía.
Anticorrupción analiza los gastos realizados con estas tarjetas y el origen de este dinero, que provendrían del extranjero, y la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de estos fondos.
AVE del desierto
En cuanto al supuesto cobro de comisiones del AVE, la fiscalía abrió la investigación en junio de este año y se centra en delimitar o descartar que haya habido delito en los hechos que tuvieron lugar durante la fase II de este proyecto, en junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de estar protegido por la inviolabilidad que reconoce la Constitución al jefe del Estado.
Según los indicios, el antiguo rey habría percibido comisiones de parte de las constructoras del llamado AVE del desierto, que une las ciudades saudíes de Medina y la Meca, obra que fue adjudicada por el gobierno de Arabia Saudita a un conglomerado de empresas español.