La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la decisión de la jueza de avalar las salidas laborales del exconseller de Interior Joaquim Forn por el artículo 100.2, alegando que se le ha concedido en una "fase inicial", con "amplitud horaria" y sin un tratamiento específico para el delito de sedición.

En su recurso, el fiscal pide a la Audiencia que revoque el 100.2 que la prisión de Lledoners autorizó el pasado mes de febrero a Forn, que sale de prisión doce horas y media al día, de lunes a viernes, para trabajar como jurista en el grupo Mediapro.

Para el ministerio público, la concesión del 100.2 a Forn es prematura porque se le aplicó cuando todavía estaba en una "fase inicial" de la condena, aunque el exconseller habrá cumplido en la prisión el próximo 16 de junio una cuarta parte de la pena de diez años y medio que le impuso el Tribunal Supremo por su papel en el procés.

También argumenta la Fiscalía que Forn no ha seguido un tratamiento específico para rehabilitarse del delito de sedición por el cual fue condenado, ni ha participado en actividades grupales o individualizadas vinculadas, y además sus salidas laborales no van a influir "de manera positiva en las carencias tratamentales" del preso. De hecho, según la Fiscalía, el área laboral en la que trabaja Forn no tiene ninguna relación con el delito por el cual cumple condena, ya que, recuerda, "no cometió los delitos por una necesidad económica".

Además, según el ministerio público, cuando Forn llegue al tercer grado o a la libertad condicional, "no hay duda" de que no tendrá ningún problema para encontrar un trabajo en el exterior, "dada su preparación, su competencia y sus relaciones personales", como lo demuestra la oferta laboral que obtuvo poco después de ser calificado en segundo grado.

En su recurso, la Fiscalía reconoce que no habría recurrido el segundo grado en el que fue clasificado Joaquim Forn, pues lo considera "procedente", pero advierte a la jueza que eso no le impide oponerse a la concesión de permisos o al 100.2: "Este desconocimiento de las más elementales reglas del derecho penitenciario resulta altamente preocupante", espeta.