La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por un sobrecoste de 10 millones en un contrato del ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa. Según ha avanzado el ABC, los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y malversación de fondos comunitarios por una compra de 500.000 batas desechables que presuntamente se habría podido pagar muy por encima del precio del mercado. El medio de comunicación relata que se abonaron 11 millones de euros sin justificación ni destinatario en parte del importe. El contrato fue financiado al 100% con los fondos de la Unión Europea, es por eso que la Fiscalía Europea ha iniciado una inspección sobre el asunto, que ya estaba siendo analizado por la Fiscalía de Anticorrupción.
La compra de 500.000 batas de un solo uso se hizo a la sociedad Weihai Textile Group "por un precio que sería notoriamente superior al del mercado por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad" firmado el 27 de marzo de 2020. Se habría pagado por adelantado cada unidad a 16,7 euros y a cambio, se habría entregado 100.000 batas por semana a partir del 2 de abril de aquel año. El grupo del Partido Popular de Madrid denunció los hechos ante Anticorrupción, recogiendo que durante aquellas fechas había dos empresas suministrando batas desechables como las adquiridas por Sanidad que en lugar de costar casi 17 euros la unidad, costaban 0,28 céntimos y 0,33 céntimos cada una. Como se pagó la factura con dinero de los fondos europeos, la Fiscalía Europea ha reclamado la competencia de la investigación. "Se omitió cualquier circunstancia sobre la sociedad, incluso el domicilio, reflejando únicamente que estaría ubicado en España", relata la Fiscalía Europea, "no consta ninguna referencia ni al objeto social de la empresa ni a su solvencia económica ni a la capacidad de hacer frente a las obligaciones del contrato".
La Fiscalía Europea concluye que "faltando una calificación cuando menos provisional", los hechos podrían ser constitutivos de posibles delitos de "prevaricación y malversación, sin perjuicio de ulterior y mejor calificación", una vez vayan avanzando las perquisiciones, que ahora asume. El decreto recuerda que en todo caso, los hechos afectarían a los "intereses financieros de la Unión Europea" al tratarse de la "adjudicación de un contrato público financiado en su integridad con fondos europeos" por lo que entienden que la competencia para investigar es "sin duda" suya, que no de la Fiscalía Anticorrupción.
El PP, también salpicado
La Fiscalía Anticorrupción también tiene el ojo puesto sobre el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP. Sigue investigando comisiones millonarias que dos empresarios habrían obtenido para intermediar en la compra de material sanitario que hizo el consistorio en marzo de 2020. Durante los días más duros de la pandemia, Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y el duque de Feria, y Alberto Luceño Cerón se habrían beneficiado por intermedia en la compra de material sanitario procedente de China. Anticorrupción lleva investigando este posible crimen desde finales de 2020. Por lo tanto, la alarma sobre las transacciones que hizo el Ayuntamiento de Madrid, con José Luís Martínez Almeida al frente, ya hace tiempo que saltaron por la fiscalía. Anticorrupción sigue el rastro de seis millones de euros por dos contratos que suman 11 millones. Estos contratos fueron a parar a Medina Abascal y Luceño que facilitaron la llegada de mascarillas y test desde China.