Hoy la fiscal general del Estado, Maria José Segarra, presenta la memoria del 2018 del Ministerio Público durante la apertura del año judicial. Mientras el acto público tiene lugar en el Tribunal Supremo, ante el Rey y en la misma sala donde se juzgó parte del Gobierno de Catalunya para el 1-O, la memoria ha llegado ya a los medios para que se pueda explicar.
A lo largo de las 1.500 páginas expone que los responsables de las prisiones catalanas no son imparciales e insinúa un posible trato de favor hacia los presos políticos.
Dice la memoria, avalándose en manifestaciones públicas que han hecho los responsables de prisiones y no en hechos concretos que hayan pasado dentro de los centros penitenciarios: "Hacer saber que las autoridades de la Generalitat de Catalunya, incluido el actual director general de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el denominado procés, a los cuales consideran presos políticos. Tales manifestaciones pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que necesariamente han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la Administración Penitenciaria de Catalunya cuando tengan que evaluar a los presos si son finalmente condenados".
Eso abriría la puerta a cumplir condena, en caso de que haya, fuera de Catalunya. Aunque los condenados pueden escoger el destino, ya ha pasado otras veces, en casos excepcionales, como el terrorismo y los presos de ETA, que no escogen prisión y que son las autoridades judiciales que deciden aplicando la dispersión de los presos por todo el territorio.
Las afirmaciones que se hacen a la memoria, además, dan por hecho una condena inminente no respetando la presunción de inocencia.
La fiscalía también remarca a modo de queja las visitas institucionales que habido a los presos y los actos reivindicativos que se han hecho en sus entornos. De hecho ha tildado de "anormales" las visitas de las autoridades: "Se ha producido diferentes situaciones anómalas como la existencia de manifestaciones como mínimo semanales delante de los centros penitenciarios donde se encontraban ubicados estos presos, más en concreto en el Centro Penitenciario de Lledoners y el Centro Penitenciario de Puig de les Basses, así como una anormal presencia de autoridades no penitenciarias en estos centros".
La Dirección de Servicios Penitenciarios se mantiene al margen de las afirmaciones que se hacen en la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2018.
La sentencia y el juicio según la fiscalía
La fiscal general del Estado, Maria José Segarra, también ha evaluado la actuación de los cuatro fiscales de sala que intervinieron en el juicio del procés y las investigaciones de la Fiscalía Superior de Catalunya durante su discurso en la apertura del año judicial. Según Segarra, "se ha actuado de manera autónoma, interpretando y aplicando las leyes según los criterios estrictamente jurídicos, fijados a través del libre debate entre profesionales del derecho".
Sobre la sentencia ha dicho que "todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma. Y ha subrayado que "el normal funcionamiento de las instituciones, y singularmente el sistema de justicia, es uno de los pilares en los que se tiene que basar la convivencia".