La Fiscalía no se da por vencida y quiere que se condene a la activista Tamara Carrasco. Su caso es una de las pocas victorias judiciales del procés independentista. A pesar de ser detenida y estar bajo arresto domiciliario un año acusada de terrorismo, finalmente el delito cayó a desórdenes públicos y al final el tribunal la absolvió.
Su abogado, Benet Salellas, en declaraciones a El Nacional dice que en la actuación de la Fiscalía ve un claro intento de criminalizar la protesta e intentar desactivarla: "Es el primer caso del atestado en que se pronunciará el Supremo. Técnicamente no tendría que estimarlo, pero me parece política criminal pura. Hay voluntad de fijar un precedente claro que desincentive determinados mensajes".
La Fiscalía argumenta en el recurso que Carrasco incitó a cometer desórdenes públicos en el mensaje de audio de Whatsapp.
El Ministerio Público no se da por vencido y ha presentado un recurso para que se reabra el caso y poder condenar Carrasco. Ya lo había anunciado el mes de febrero después de que la Audiencia de Barcelona rechazara su recurso contra la absolución de Carrasco por parte de un juzgado de lo penal de Barcelona por incitación a desórdenes públicos, por el cual le pedía siete meses de prisión.
La Audiencia constataba que no incitó a cometer desórdenes públicos en marzo del 2018 a través de un audio en un grupo de Whatsapp. Subrayaba que eso no implica difusión pública y añadía que el mensaje de voz no llamaba a participar en las acciones que se produjeron aquellos días, que sí que califica de desórdenes públicos.
Después del portazo de la Audiencia de Barcelona, la fiscalía ha recurrido al Tribunal Supremo, subiendo la escala judicial, para judicializar de nuevo el proceso, el activismo de los CDR y, en este caso concreto, a Tamara Carrasco, que se convirtió en un símbolo de la lucha independentista y la represión policial del estado español después del 1-O.
El caso de Carrasco
Tamara Carrasco fue detenida por la Guardia Civil el 10 de abril del 2018 y trasladada a Madrid para ser investigada por la Audiencia Nacional por| los delitos de rebelión y terrorismo. En noviembre, el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea decidió dejar de lado la acusación de terrorismo y rebelión y enviar el caso a los juzgados catalanes por un delito de desórdenes públicos. Sin embargo, mantuvo sobre Carrasco la obligación de estar confinada en Viladecans.
Seis meses más tarde y después de intensos debates entre los juzgados, la Audiencia de Barcelona acordó que fuera el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona y no el juzgado de instrucción número 1 de Gavà quien se hiciera cargo de la causa contra Carrasco. A finales del mayo pasado, la magistrada instructora decidió levantar el confinamiento, casi 14 meses después, para considerarlo desproporcionado, aunque la mantuvo como investigada.