La Fiscalía de Barcelona ha confirmado que ha abierto diligencias de investigación para aclarar si los tuits que ha recibido la familia que a través del TSJC ha conseguido que se imponga el 25% de horas en castellano en la clase de su hijo de P5 en Canet de Mar pueden ser constitutivos de delito. La portavoz de la Fiscalía ha detallado que por ahora han recibido dos denuncias para que lo investigue: de Vox y Hablamos Español. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) asegura que también ha denunciado a la Fiscalía las "amenazas" recibidas por los padres del menor de la escuela Turó del Drac al considerar que pueden ser constitutivas de un delito de odio. La Fiscalía califica la investigación de "prematura", ya que espera ahora recibir los tuits y analizarlos, así como identificar a sus autores.

 

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, informó ayer a Efe de que han denunciado este acoso a la familia de Canet de Mar en las redes sociales. Y aseguró que se están haciendo recogidas de firmas en el centro y actuaciones desde la asociación de madres y padres del centro (AMPA). Según Losada, "numerosos ciudadanos, particulares y entidades están insultando a la familia y amenazan con apedrearlos y les dicen colonos". Incluso, indica que afirman que "se tiene que dejar solo al niño en clase" y hacerle el vacío.

Por ahora, no ha trascendido los nombres de esta familia. Con todo, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha instado a la Generalitat a velar por la seguridad del menor. Los partidos españolistas no han perdido la oportunidad para hacer campaña nuevamente contra la lengua catalana y la inmersión lingüística, aprobada con consenso, mientras desde la plataforma Som Escola se promueven nuevas movilizaciones.

El 25% ya se aplica

El AEB denunció que no se cumplía la medida cautelar impuesta por el TSJC, hecho desmentido por la Generalitat. Y es que el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, confirmó ayer que la clase de este centro educativo ya imparte el 25% de la formación en castellano, y lamentó que no se podía hacer nada y alabó la gran tarea de la inmersión lingüística en generaciones en Catalunya. Las redes sociales también se han llenado de apoyo al resto de familias de la clase de P5 que ha tenido que cambiar el sistema educativo de sus hijos por una única petición.

 

En el caso del centro de Canet de Mar, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC reproduce la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2010 y otras, que protegen el castellano, y acuerda: "Partiendo de la consideración del catalán como el centro de gravedad del sistema educativo, fijar la mínima presencia del castellano como lengua vehicular, en el curso y la clase donde la hija del recurrente sigue sus estudios, en un 25% de las horas efectivamente lectivas, que tienen que impartirse en esta lengua oficial, además del área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, al menos en otra área o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal. Además, concede a la dirección del centro el plazo de un mes para aplicarlo y condena a la Generalitat a pagar las costas, hasta un límite de 800 euros.

La judicialización de la escuela ha vuelto cuando el Tribunal Supremo, el noviembre pasado, no admitió a trámite el recurso de la Generalitat contra la imposición del 25% de castellano en las escuelas de Catalunya. Desde Educació se insiste en que lo que hay que demostrar es que los alumnos asuman conocimientos de castellano y de catalán, y no imponer cuotas.

 

Foto principal: La Ciutat de la Justícia de Barcelona, se sienta de la Fiscalía / ACN