La Fiscalía de Delitos de Odio ha pedido tres años de prisión para dos concejales socialistas de Pineda de Mar y para el jefe de la policía local por supuestamente haber coaccionado a un hotelero de la población para que expulsara de su establecimiento a los policías españoles antidisturbios alojados durante en septiembre y octubre del 2017.
Los acusados son la ex primera teniente de alcaldía y exconcejala de Promoción Económica, Carme Aragonès; el ex segundo teniente de alcalde y ahora tercer teniente, Jordi Masnou, y el jefe de la policía local. El ministerio público los acusa de coacciones con el agravante de cargo público, y les pide tres años de prisión y de inhabilitación para cargo público.
Los hechos
Según el fiscal Miguel Ángel Aguilar, los 500 policías alojados en el Checkin Pineda y en el Checkin Mont Palau tenían contratada la estancia hasta el 5 de octubre. El 2 de octubre tuvo lugar una multitudinaria manifestación delante de los hoteles para condenar la actuación policial del 1-O. Vista la situación de tensión que se vivió, hacia las 21 horas, la primera y el segundo tenientes de alcalde y el jefe de la policía local, de paisano pero que se identificó, fueron al Checkin Mont Palau "sin cita programada y fuera de la agenda oficial", para, "de común acuerdo, con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaleciéndose de la autoridad que representaban, conseguir la expulsión" de los agentes.
Así, "con apoyo intimidatorio", pidieron hablar con el director del hotel y le "exigieron" cerrar el hotel y "desalojar" a los policías. El director llamó al gerente de la cadena y la teniente de alcalde le reiteró, por teléfono, la petición. El gerente se negó alegando que los agentes no habían causado ningún problema y entonces Aragonès pasó el teléfono a Masnou, que, como responsable de urbanismo, "advirtió expresamente, con tono desafiante y atemorizador" al gerente para echar "a aquellos clientes sí o sí". El fiscal asegura que el concejal gritó al gerente diciéndole que allí mandaba él y "si él decía blanco, es blanco". Como el gerente mantenía la negativa, el concejal "incrementó su inadmisible presión, advirtiéndolo de forma desafiante que si no echaba a los policías le cerraría el hotel al día siguiente y estaría cerrado cinco años".
El gerente le respondió al concejal que no podía hacer eso y que antes tenía que hablar con un comisario de policía de Madrid. Masnou le habría respondido que a él le era "igual" con quien hablara, ya que era el teniente de alcalde quien "mandaba" y que "haría todo lo que tuviera que hacer para cerrar los hoteles".
La comitiva municipal se marchó del hotel y el gerente de la cadena, con el "temor a posibles y creíbles represalias", redactó una carta donde decía que "debido a una reunión mantenida con responsables del Ayuntamiento de Pineda" se veían "obligados" y "bajo amenaza de cerrar los hoteles durante cinco años", a desalojar el contingente policial el 3 de octubre a las 4 de la tarde. La carta la envió al director de los dos hoteles, que lo comunicó verbalmente y por escrito a los responsables policiales alojados en el hotel Mont Palau. El director envió la misma carta al recepcionista del otro hotel, el Checkin Pineda, que también lo comunicó al inspector de policía a cargo del contingente de aquel establecimiento.
Poco después, aquella misma madrugada, Aragonès explicó en directo a La Sexta TV: "No hemos necesitado ninguna medida de fuerza, pensamos que el diálogo es lo mejor y así hemos llegado a un acuerdo". Si los hoteles no hubieran accedido a echar a los policías, Aragonès dijo que el consistorio habría mirado qué hacer con los abogados y técnicos del Ayuntamiento.
A primera hora de la mañana del día siguiente, Aragonès y la teniente de alcalde de comunicación, Sílvia Biosca, estaban "preocupadas" porque la carta del gerente de los hoteles había llegado a la prensa. Por eso fueron al hotel Mont Palau para pedir una reunión urgente en el Ayuntamiento con la dirección de los hoteles para hacer un comunicado conjunto. La reunión se hizo a las 11 de la mañana, y asistieron el director de calidad y expansión y el director financiero de la cadena. Las tenientes de alcalde, "con la finalidad de doblegar la voluntad" de los hoteleros, les "exigieron" que firmaran un documento "confeccionado falsamente" por parte de Biosca "siguiendo las instrucciones" de Aragonès, donde constaba un "supuesto comunicado de prensa conjunto" entre el consistorio y la cadena hotelera.
El comunicado para enviar a la prensa "señalaba con manifiesto desprecio a la verdad, que la dirección de los establecimientos conjuntamente con el gobierno municipal han planteado la posibilidad de adelantar la salida del personal alojado por razones de seguridad y con la finalidad de garantizar la convivencia en el municipio". Además, añadía que "concretamente ayer, en una reunión con el gobierno municipal y la cadena hotelera, se acordó de mutuo acuerdo que la salida se produciría en el transcurso del día de hoy" y que "en ningún caso ha habido ninguna medida de presión a la hora de tomar esta decisión y desmentimos que el Ayuntamiento haya amenazado al establecimiento hotelero con su cierre".
Los dos representantes de los hoteles se negaron a firmar el documento porque decían que no era verdad, pero el comunicado se distribuyó igualmente entre los periodistas. Según el fiscal, la trascendencia pública de este documento supone un "desprestigio" y "descrédito" para la cadena hotelera ante "posibles clientes de toda España" por "la aparente imagen transmitida de trato discriminatorio cometido por motivos de origen nacional de sus clientes, en este caso, policías."