Evitando entrar en campaña, pero marcando de cerca los pactos electorales; la Fiscalía ha esperado que pasaran las elecciones del 14-F al Parlament de Catalunya para presentar los recursos contra el tercer grado y devolver a prisión a los presos políticos, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell y Dolors Bassa.

El régimen de semilibertad ha durado 14 días, los de la campaña electoral, y la Fiscalía ha soltado hoy su recurso en plena valoración de resultados. Ha sido finalmente la Fiscalía Provincial de Barcelona la que firma el recurso, aunque se había llegado a valorar, para agilizar los trámites, que fuera directamente la Fiscalía del Tribunal Supremo la que recurriera. Ahora el juez de vigilancia penitenciaria tiene que decidir si, mientras se resuelve el recurso, les deja en el régimen de semilibertad, en tercer grado, como pasó en su momento con Carme Forcadell y Dolors Bassa, o, por el contrario, les ordena volver a la prisión en régimen cerrado, como pasó con el resto de presos políticos.

La Fiscalía pide que mientras no se resuelva el recurso, se tome como medida preventiva el ingreso inmediato en prisión de nuevo, en régimen cerrado, y llega a comparar a los presos políticos con ETA: "En primer lugar, si la finalidad del efecto suspensivo del recurso del ministerio fiscal es evitar, cuanto antes, que presos condenados a penas graves queden excarcelados, por el evidente riesgo de fuga (recordamos que la reforma legislativa que así lo estableció tuvo mucho que ver con presos altamente peligrosos de la banda terrorista ETA), no tendría lógica que este efecto suspensivo se pospusiera al recurso de apelación propiamente dicho y no se refiriera al recurso de 'apelación' que inicialmente se interpone contra la resolución administrativa, ya que por mucha prisa que el juez de vigilancia penitenciaria se diera para resolver esta 'apelación', el excarcelado tendría tiempo de sobra para huir a cualquier lugar del mundo, dejando, pues, completamente ineficaz el fin pretendido".

 

 

En todos los casos la Fiscalía cree que la situación con respecto a cuando se derogó el anterior tercer grado hace medio año no ha cambiado. Y que, por lo tanto, los nueve presos políticos tienen que continuar en régimen cerrado: "No se hace mención en la resolución recurrida a ninguna circunstancia diferente de las que se contenían en la progresión acordada hace 6 meses y revocada hace tan sólo 40 días por el tribunal sentenciador, no se hace referencia ni en la resolución recurrida ni en los informes que lo acompañan, como habría sido lo pertinente, que los déficits indicados por tal tribunal para la revocación del tercer grado se habían ya superado, porque, en definitiva, las razones indicadas por el Tribunal Supremo mantienen toda su vigencia, motivo por el cual esta parte alega idénticas consideraciones en las alegadas en su anterior recurso".

En varios recursos casi iguales, y de unas 15 páginas cada uno, el ministerio público critica la medida de la Generalitat y considera que no se puede dar a todos los presos al mismo tiempo el tercer grado pocas semanas después de que el Tribunal Supremo lo tumbara el diciembre pasado.

 

 

Según el fiscal, el tercer grado es "incompatible" con el cumplimiento de la finalidad de la pena, especialmente los objetivos de "reeducación y resocialización". También considera que hay una "falta de modificación de aquellos rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva", ya que los reclusos "siguen considerando que los hechos por los cuales fueron condenados no son delictivos". Reitera, como ya hizo en anteriores recursos, que hay una "insuficiente evolución en el tratamiento", ya que no han seguido ninguno.

Por todo eso, finalmente, concluye que "los aspectos positivos tenidos en cuenta en la resolución administrativa recurrida y en la propuesta de la junta de tratamiento no son suficientes para acordar la progresión en el tercer grado".