Movimiento de la Fiscalía para frenar la decisión nada habitual que ha tomado este miércoles por la mañana la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional (TC), con mayoría conservadora, que ha inadmitido a trámite el recurso de amparo de Carles Puigdemont y Toni Comín contra su procesamiento por malversación agravada y desobediencia. Según han informado fuentes de la Fiscalía a ElNacional.cat, el ministerio público recurrirá a partir de septiembre el acuerdo porque entiende que "no hay urgencia" para resolver la cuestión planteada por los dos eurodiputados de Junts y, con este gesto, forzará que el recurso se debata en el pleno ordinario del órgano de garantías constitucionales.
Rápida reacción de la Fiscalía, que tenía tres días para recurrir la resolución de la sala de vacaciones del TC. Si no lo hubiera hecho, se hubieran archivado las actuaciones sin ningún trámite más añadido. Ahora bien, como agosto es un mes inhábil, el plazo para recurrir arrancará el 1 de septiembre. El principal argumento de la Fiscalía es que la urgencia de la actuación "solo" estaría justificada para adoptar una medida cautelar, por ejemplo. Como no se ha adoptado ninguna, el ministerio público interpreta que el recurso se tiene que tratar como asunto ordinario por el pleno, que es de mayoría progresista. "No es un asunto que se sustraiga de las decisiones ordinarias del Tribunal", afirman fuentes jurídicas a este diario.
La sala de vacaciones, formada por dos magistrados conservadores —César Tolosa y Concepción Espejel— y una progresista —Laura Díez—, es la que se encarga de los casos urgentes durante el mes de agosto. Y aprovechando este impasse, el bloque conservador ha rechazado el recurso de los dos eurodiputados en el exilio, en contra del criterio de Díez, que ha emitido un voto particular. En este, la magistrada considerada progresista ha puesto en duda que se tomara la decisión por la vía de la urgencia, aduciendo que ni Comín ni Puigdemont están en España ni están privados de libertad. Sin embargo, la resolución conocida este miércoles por la mañana afirma que la sala de vacaciones es "competente" para resolver el escrito de Puigdemont y Comín porque solicitaban la suspensión cautelar de la privación de libertad a través de una orden de detención.
El juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ordenó en el mes de junio la detención en territorio español de Puigdemont después de procesarlo por desobediencia y malversación agravada en el marco de la revisión derivada de la reforma del Código Penal. Ahora bien, Llarena dejó para más adelante la redacción de otra orden de detención internacional, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dijera la suya sobre la inmunidad parlamentaria.
Con la maniobra de la Fiscalía, el recurso de los exiliados se debatirá en sesión ordinaria, a partir del 1 de septiembre. A diferencia de la sala de vacaciones, en el TC hay una mayoría de magistrados progresistas después de que cambiara la tendencia enero de este año 2023. La decisión de la mayoría conservadora de verano se tiene que enmarcar en las negociaciones para la investidura entre el PSOE y las formaciones independentistas catalanas. En este escenario, los siete diputados de Junts tienen todos los números para hacer decantar la balanza.