El último informe de la Guardia Civil sobre el caso Erial pone al expresident de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana (PP) al frente de una organización que cobraba comisiones por adjudicar contratos públicos. Según ha avanzado este miércoles el diario El Plural, Zaplana habría utilizado una estructura societaria para esconder en el extranjero y blanquear en el Estado "mordidas" por un valor de casi 4,5 millones de euros.
4,5 millones escondidos
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregado el pasado mes de diciembre al juzgado de instrucción número 8 de València asegura que Zaplana blanqueó en el Estado 4.441.815 euros de las comisiones que cobró por los contratos de la privatización de la ITV y el plan eólico. Según el rotativo citado, la UCO afirma que "la trazabilidad de los fondos ha podido determinar la existencia de una amplia estructura societaria que habría tenido la finalidad de canalizar, ocultar y poner a disposición de sus beneficiarios finales estos fondos de supuesta procedencia delictiva". La teoría de las autoridades policiales se basa en el hecho de que el expresident valenciano tenía acceso, como beneficiario o administrativo, a los fondos escondidos.
Blanqueo de las comisiones
De esta manera, la trama en la cual está involucrado Zaplana se habría encargado de devolver a España el dinero ocultado en sociedades en el extranjero. Eso se habría hecho a través de cuatro empresas españolas: Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos integrales y Turnis Sylvatica. Con el fin de blanquear los fondos, señala el rotativo, el exministro de Aznar y sus socios se habrían comprado una casa en Madrid, dos áticos, pagó la reforma de un piso, se gastó 21.000 euros en electrodomésticos y contrató a una trabajadora de la limpieza. Entre otros gastos más, Zaplana también se habría comprado un reloj de 20.000 euros, varias parcelas en Villajoyosa y un barco.
En el último informe de la UCO hecho público el pasado mes de junio, los agentes creían que Zaplana desvió importes millonarios en comisiones ilegales para la adjudicación del plan eólico de la Comunidad Valenciana y las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). La causa, dirigida por el juzgado de instrucción número 8 de València, cuantifica las comisiones en 10,5 millones de euros. El punto de partida entonces fue una cuenta abierta en un banco andorrano por un posible testaferro de Zaplana. Este supuesto testaferro abrió el 2004 su cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la cual llegó a ingresar más de seis millones de euros, la mayoría en efectivo, y los agentes de la Guardia Civil relacionan estos fondos con posibles comisiones.