El abogado de los exiliados, Gonzalo Boye, ha advertido en declaraciones al programa Tot es mou de TV3, que la Justicia belga no sólo ha confirmado la resolución del 7 de agosto en contra de la extradición del conseller Lluís Puig sino que ha ido más allá. "Ha establecido que en España existe un riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia en caso de entrega, por las manifestaciones públicas que han efectuado los políticos, los jueces, los fiscales y todas las autoridades. Entienden que existe una vulneración de la directiva comunitaria 2016/343 y que hay un riesgo evidente de ello", ha indicado.

Boye ha apuntado que ahora la Fiscalía puede decidir si presenta recurso de casación, pero ha recordado que este tiene en realidad poco margen.

El abogado ha afirmado que después de la decisión de Puig, el suplicatorio que discute el Parlamento europeo sobre Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín ya no tiene mucho sentido. "Si lo que se pretende es levantar la inmunidad a fin de que vayan a la Justicia belga para ver si los entrega en España, la Justicia belga dirá lo mismo que ya ha dicho al conseller Lluís Puig. Por lo tanto sería un ejercicio inútil", ha argumentado. "En todo caso ganaremos", ha dicho, en referencia a que puede ser en el suplicatorio o ante la Justícia belga.

Ha precisado que el inicio de los trámites del suplicatorio están previstos para el 14 de enero, y que por lo tanto la resolución sobre Lluís Puig ha llegado con los "tiempos bien calculados". "Las cosas han llegado cuando tenían que llegar", ha añadido. Sin embargo, Boye ha recordado que el Parlamento europeo es un órgano político y que en la comisión del suplicatorio "curiosamente España tiene mucha representación". "Y el presidente de la comisión es de Ciudadanos, aunque no sé si el partido todavía existe ahora", ha añadido con ironía.

La Justicia belga ha rechazado este jueves la extradición del conseller en el exilio Lluís Puig a España. Así se ha pronunciado el Tribunal de Apelación de Bruselas, después de que la Fiscalía española presentara recurso a la sentencia del 7 de agosto que determinaba que el Tribunal Supremo español no era competente para el juicio.

Se trata de la sentencia de la tercera euroorden emitida por España, acusando de haber participado en la organización del referéndum del 1-O de hace tres años. El mismo juez emisor retiró las dos euroórdenes de detención anteriores. La primera, en diciembre del 2017, y, la segunda (que tuvieron que rehacer varias veces por múltiples defectos de forma), en julio de 2018, cuando Alemania la denegó porque los delitos de rebelión y sedición no encajaban con los tipos de delitos alemanes. Puig estaba pendiente del delito de malversación.