Durante la segunda quincena de febrero, las calles de Catalunya, especialmente en las grandes ciudades, se convirtieron en un polvorín. La chispa que encendió la cadena de movilizaciones fue la detención y posterior encarcelamiento de Pablo Hasél. Pronto hará tres meses. Después de un paréntesis de algunas semanas, la plataforma en defensa de la libertad del rapero ha anunciado desde el Parlament que el próximo 15 de mayo reactiva la lucha con una manifestación unitaria y centralizada en el punto donde arrestaron Hasél, en el rectorado de Lleida.
Cobijados por ERC, Junts, la CUP y los comunes, los representantes de la plataforma han comparecido en la sala de prensa de la cámara catalana para hacer pública la convocatoria, que tendrá por lema 3 meses sin Pablo Hasél, 82 años sin democracia. Aprovechando el anuncio, han hecho un llamamiento a todos los catalanes para participar con el argumento que "sólo con la lucha y la organización se pueden conquistar los derechos".
Los impulsores de la movilización entienden que el caso Hasél responde a "una operación de estado como castigo ejemplar, no sea que alguien decida organizarse y plantar cara". En este sentido, remarcan que "eso no es sólo por Hasél, es contra un sistema y un Estado que niega los derechos y libertades más fundamentales", como pueden ser un trabajo y un salario dignos, acceso a la vivienda o la sanidad pública.
Los Mossos, en el punto de mira
La intervención ha servido, también, para poner en la diana el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, a quien se ha apuntado como los responsables de la "represión feroz" que se vivió en Catalunya tres meses atrás. Sobre la actuación policial, se ha afirmado que "no se trata de revisar protocolos, sino de dejar de reprimir las protestas con carruseles y pelotas de foam, y dejar de ser acusación particular contra los activistas".
Durante la rueda de prensa ha tomado la palabra las cuatro fuerzas políticas que secundan la causa por la liberación de Hasél y que dan apoyo a la manifestación convocada para el día 15 de mayo. Cada uno con su acento propio.
Los comunes, por ejemplo, se han comprometido a seguir presionando por el indulto de los presos políticos, reconociendo que mientras siga la represión, no se podrá hablar de normalidad democrática a España. La CUP ha aprovechado para dirigirse al gobierno de la Generalitat, a quien ha reclamado que reconozca el estatus de preso político a Hasél y que deje de ser "una sucursal represiva del Estado".
De su lado, ERC y Junts han puesto énfasis en la crítica a la monarquía española, que han calificado de "delincuente" y de "corrupta por naturaleza".
En la imagen principal, el momento de la detención de Hasél. / ACN