La Mesa del Parlament debate este martes un informe de los letrados que plantea eliminar el artículo 25.4 del reglamento de la cámara catalana, que establece que los diputados vean suspendidos sus derechos en caso de que se abra juicio oral por un caso de corrupción.
Si este artículo es eliminado, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no tendría que abandonar su escaño cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya le abra juicio por el presunto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
El documento de los servicios jurídicos de la cámara, adelantado por El Periódico, propone eliminar este punto porque "no tiene ningún precedente ni referente" en el derecho parlamentario de la cámara, y porque "contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental que presenta serias dudas de constitucionalidad con respecto a la presunción de inocencia".
Aparte del artículo que beneficiaría directamente a Borràs, el documento también propone cambios para mejorar el funcionamiento de la cámara después de la pandemia, la igualdad de género o aspectos lingüísticos.
El informe lo pidió la Mesa del Parlament el 1 de septiembre con el pretexto de hacer "una revisión técnica de los artículos del Parlament que planteaban problemas de aplicación o interpretación", y ha sido este martes que el documento se ha introducido en el orden del día del encuentro de la Mesa, que está reunida desde las 9.00 horas de la mañana.
Críticas del PSC
Después de transcender la noticia, desde el PSC, su portavoz, Alícia Romero, ha denunciado que no es a la Mesa a quien le corresponde impulsar una modificación del reglamento y ha acusado a Borràs de incluir elementos “de parte”, como es la eliminación del artículo 25.4.
Más explícito se ha expresado el diputado socialista en el Congreso José Zaragoza, que en una entrevista en TVE ha afirmado que “choca mucho que la prioridad del Parlament después de dos años de parálisis política, dos años de pandemia, sea reformar el reglamento para proteger a su presidenta”.
Causa general contra el independentismo
Borràs siempre ha defendido su inocencia en este caso y ha dicho que no se sentía representada con el hecho de que esté relacionado con un caso de corrupción, sino que forma parte de la "persecución política" contra la causa general del independentismo.
En concreto, el artículo 25.4 del reglamento de la cámara apunta que en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral, "tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".
Para cambiar o eliminar un artículo del reglamento el órgano competente para hacerlo es la comisión del reglamento. Tendría que ser en esta donde un grupo parlamentario llevara la propuesta para que se aborde. Finalmente, para hacer efectivo el cambio tendría que ser aprobado en el pleno del Parlament por mayoría absoluta.