La Moncloa ha trasladado a la Audiencia Nacional que no desclasificará documentos del caso Pegasus. El Gobierno ha contestado al juez José Luis Calama, que investiga el espionaje a los ministros y el presidente español, que "no hay ningún secreto a revelar" que pueda afectar a la declaración en calidad de testigo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Calama ordenó enviar un suplicatorio al Consejo de Ministros para que procediera a desclasificar "los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que puedan verse afectados" por estos testigos. En esta causa se investiga la infección de los móviles de estos dos ministros citados a declarar, del presidente español, Pedro Sánchez, y del intento de infectar el terminal del titular de Agricultura, Luis Planas, con el software espía.
Calama acordó citar como testigos a Robles y Grande-Marlaska a la vista del contenido de las declaraciones testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 y del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Corts y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Hay que recordar que ya en mayo el Gobierno autorizó el Centro de Inteligencia Nacional (CNI) que colaborara con Calama en la investigación. Ya entonces, fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, adelantaron que, al margen de las eventuales declaraciones, no había más información relevante para esta causa que hubiera que desclasificar.
Calama abrió diligencias previas el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, después de la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles de miembros del Ejecutivo. Según esta denuncia inicial, después del análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, se había tenido conocimiento de que los mismos "fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021". Los informes del Centro Criptològic Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de este año. Calama recogía en su acto, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".
El CNI alertó de este ataque espía justamente pocas semanas después de que se hiciera pública la investigación Catalan Gate del grupo Citizen Lab, que certificaba que 65 políticos, abogados y personas del entorno independentista catalán habían sido espiados con Pegasus, desde el 2017 en el 2020. En la comisión del Congreso sobre secretos, el CNI certificó que había espiado a unas 18 personas del independentismo catalán con permiso judicial, entre ellas el presidente Pere Aragonès. El magistrado Calama también acordó hace unos meses ir a Israel para tomar declaración como testigo al responsable de la empresa NSO. Nada se ha concretado hasta ahora. Ante estas iniciativas, el abogado Benet Salellas, en nombre de los querellantes de la CUP y de Òmnium, ha pedido a los respectivos jueces que llevan sus casos que se añadan a esta comisión rogatoria, o que al menos soliciten que se les facilite toda la información que realiza el juez Calama en el caso Pegasus.