Toda una declaración de intenciones la decisión del nuevo gobierno de Pere Aragonès de traspasar la competencia de la política de viviendas de la conselleria de Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana a manos del departamento de Derechos Sociales. Así figurará en el decreto de estructura del ejecutivo que se aprobará el próximo martes.
El anuncio lo ha hecho el vicepresidente y titular de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, precisamente al acabar una ronda de interpelaciones en el Parlament relacionadas con las políticas previstas para garantizar el derecho a la vivienda. "Atendiendo que tiene que ser un derecho social, la competencia estará liderada por Derechos Sociales", la conselleria que encabeza Violant Cervera, también de Junts per Catalunya.
En todo caso, el cambio representa una novedad respecto de anteriores etapas y, según fuentes del gobierno, "se inscribe en la voluntad de abordar las principales problemáticas sociales y reforzar la vivienda como un derecho social". Este es uno de los puntos troncales del acuerdo entre Esquerra Republicana y la CUP para la investidura de Aragonès. De hecho, los anticapitalistas ya habían expresado sus recelos con el reparto competencial previsto inicialmente. Por lo tanto, esta modificación, iría en consonancia con aquello pactado con los cupaires.
Una de las primeras medidas que ha impulsado el gobierno Aragonès esta misma semana es la creación de un grupo de trabajo para proteger el derecho a tener techo de todos los ciudadanos. Estará liderado por la conselleria de Presidencia -en manos de ERC- y contará con la participación de representantes de los departamentos de Interior, Justicia, Derechos Sociales y también de Territorio.
El objetivo, según expresó el propio Aragonès en rueda de prensa, es ir a la raíz del problema, para poder actuar antes de llegar al punto crítico de tener que afrontar un desahucio, cuando a menudo ha es demasiado tarde. Uno de los puntos clave será reforzar los equipos de mediación.
El 82% de pisos ocupados son de grandes tenedores
El derecho a la vivienda es una materia que afecta a varias conselleries. En el caso de la de Interior, su titular, Joan Ignasi Elena, ha aportado este jueves una serie de datos para evidenciar que cuando se opta por la ocupación de un piso es, casi siempre, por una situación de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, ha explicado que el 70% de las personas ocupantes son familias que previamente habían pedido un piso de alquiler social, que el 97% de los casos se han hecho sin violencia, que el 99,9% son pisos vacíos y que el 82% son propiedad de grandes tenedores. Según ha afirmado, en Catalunya hay 27.500 inmuebles vacíos que son de grandes propietarios.
En la imagen principal, una pancarta contra los desahucios. / ACN