La historia de redención y arrepentimiento que rodea la regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos I se encuentra en la cuerda floja. Según adelanta El País, la Fiscalía notificó al rey emérito que lo estaba investigando antes de que, "sin requerimiento previo", saldara algunas de sus deudas con las arcas públicas. En este caso el orden de los factores altera el producto y mucho. El Código Penal solo exonera de los delitos fiscales a aquellos que saldan sus deudas con Hacienda antes de saber que están en el punto de mira de una investigación. Es decir, que arrepentirse cuando ya sabes que te investigan no se contempla como un acto de redención, sino como una táctica desesperada.

La nueva información sobre el orden en que el rey regularizó su situación fiscal, antes o después de tener conocimiento sobre la investigación, puede invalidar el efecto que se busca con este movimiento fiscal: la exoneración de un posible delito fiscal. El artículo 305.4 del Código Penal señala que la regularización normaliza la acción penal siempre que "se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación"; o antes de que la Fiscalía "presente una querella o denuncia" o "ejecute actuaciones que le permitan tener [al presunto defraudador] conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Cuando el investigado sabe que está bajo la lupa de Hacienda, es decir, tiene "conocimiento formal" de que se han abierto diligencias contra él ya no puede regularizar su situación fiscal. En el caso de que lo haga, sin embargo, no tendrá efecto exonerador.

Notificaciones previas y genéricas

Según fuentes de El País, a Juan Carlos I se le habían notificado las diligencias que se iniciaban en su contra a través de su abogado antes de la primera regulación. Concretamente el diario relata que el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que investiga la fortuna del rey emérito en el extranjero, notificó formalmente a Juan Carlos I la apertura de cada una de las tres investigaciones que ha emprendido la Fiscalía sobre su patrimonio. Las notificaciones se produjeron en junio, noviembre y diciembre de 2020 a través del abogado del Borbón. En cada uno de los escritos se le reclama personarse en las diligencias, pero el rey emérito no lo hizo en ninguno de los tres casos. De las tres notificaciones constan acuses de recibo.

Sin embargo, las fuentes consultadas por la cabecera también aseguran que las notificaciones eran "muy genéricas". En las notificaciones no se concretaba qué tipo de posibles delitos se investigaban, pero sí se aseguraba de que podrían tener "implicaciones penales". La cuestión radica en si se puede considerar que estas notificaciones ambiguas constituyen un "conocimiento formal" de las investigaciones, previo a las regularizaciones fiscales.

Este carácter genérico es el punto en discordia sobre el cual se puede seguir argumentando que la regularización era legítima. Pero la primera regularización por casi 700.000 euros que hizo el emérito fue justo después de recibir la segunda notificación, la cual respondía al mismo asunto por el cual se investigaba al Borbón, aunque no se mencionara en la notificación. La segunda regularización fue millonaria y se elevó a 4,4 millones de euros.

 

Imagen principal: El rey emérito Juan Carlos I después de abdicar / Europa Press