"El catalán, lengua vehicular de nuestras escuelas, la escuela en Catalunya en catalán". Así ha acabado su intervención el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, tras ser interpelado por Ciudadanos sobre el cumplimiento de la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que da 10 días a la Generalitat para aplicar la sentencia que obliga a hacer el 25% de las clases en castellano. El conseller Cambray ha asegurado que la respuesta a la sentencia será dar cumplimiento a la Ley de educación de Catalunya, "que dice que todo alumno, cuando acaba cuarto de ESO, tiene que alcanzar las competencias tanto en catalán como en castellano", y ha cargado contra una sentencia que no tiene "ningún criterio pedagógico".
"¿Quiénes son los tribunales operando en contra de un consenso político de este Parlament?", ha sostenido el conseller durante la sesión de control al Govern, donde ha prometido que estarán al lado de los maestros, que tienen "toda la protección del gobierno, política y jurídica", y también ha explicado que irán más allá desplegando un plan de impulso al catalán y un nuevo marco normativo para afianzar el modelo de escuela catalana. Además, ha cargado contra Cs, después de que el diputado Nacho Martín haya asegurado que la inmersión lingüística es un modelo basado en dogmas nacionalistas y que quiere imponer a la ciudadanía el miedo a la lengua castellana. "Dejen en paz a las escuelas, en Cataluña no tenemos ningún conflicto lingüístico, se lo inventaron ustedes; solo saben vivir de la confrontación y la mentira", ha espetado Cambray, que ha añadido que Ciutadans está utilizando la lengua "como arma antes del naufragio y la desaparición".
Carpas de Vic
Ciutadans lleva varios días pendiente de lo que hace el Govern con la sentencia que impone el castellano en las escuelas. Ayer el líder del partido en Catalunya, Carlos Carrizosa, a pesar de haber pleno en el Parlament, decidió viajar a Bruselas para exigir que intervenga en esta cuestión, y el viernes pasado fueron a Vic a hacer acto de presencia después de que el ayuntamiento haya prohibido unas carpas tanto a Cs como al PP contra la inmersión. Cs no tuvo la atención mediática que quiso pero el vecindario de la ciudad sí que plantó cara al PP: unas 200 personas en defensa del catalán impidieron que los populares se pasearan por la plaza Major de Vic. Y esta cuestión la llevado la diputada del PP Lorena Roldán a la sesión de control, donde ha criticado que la alcaldesa de Vic les impidiera poner una carpa por ser "contrario a la moral".
En concreto, el argumento del Ayuntamiento era que denegaba este permiso amparándose en el artículo de ordenanza municipal de buen gobierno, civismo, buenas costumbres y convivencia ciudadana, que apunta que no se autorizará ninguna licencia para actividades que vayan en contra "de la moral, las buenas costumbres ciudadanas o el orden público". La consellera interpelada en esta pregunta ha sido Tània Verge, que sin entrar en la situación concreta de Vic, ha dado una respuesta general: "Los ayuntamientos tienen que garantizar que todos los partidos, grupos sociales y entidades puedan exponer sus puntos de vista", y ha defendido que el espacio público "es y tiene que ser el ámbito de la libertad de expresión". Con todo, Roldán ha contestado que no los impedirán recorrer cada rincón de Catalunya: "Nunca conseguirán callarnos".
"El espacio público tiene que ser el ámbito de la libertad de expresión y tiene que quedar fuera de discursos de odio y violencia. Tanto para que los partidos puedan expresarse como para la protesta del conjunto de la ciudadanía. La postura del Govern es clara", ha insistido Verge, que también ha aleccionado a la diputada del PP por haber comparado esta situación con totalitarismo: "El término totalitarismo no se puede utilizar por cualquier cosa, porque es un régimen que concentra todo su poder al servicio de una ideología y que controla absolutamente todos los ámbitos, y no se puede banalizar".