Los equipos jurídicos de Vox, Ciutadans y PP siguen acumulando tareas. Como era de esperar, los tres partidos de la derecha han anunciado este martes que han activado la maquinaria para parar el decreto del catalán aprobado este mismo lunes en el Consejo Ejecutivo extraordinario. Esta mañana el conseller de Educación ha hecho llegar instrucciones a las escuelas para la aplicación de este decreto, y poco después los partidos de la derecha han salido a la palestra para anunciar querellas contra el Govern y en concreto, contra Cambray.
En rueda de prensa desde el Parlament el portavoz de los ultras Joan Garriga ha explicado que su formación ha decidido llevar a cabo tres pasos para parar este decreto. La primera, en el Congreso de los Diputados, pidiendo la suspensión de la autonomía con la aplicación del artículo 155. En segundo lugar, una vez el decreto del Govern sea aprobado en el Parlament, lo llevarán al Tribunal Constitucional. Finalmente, los equipos jurídicos trabajan también una querella "contra los miembros del Govern", que no se ha redactado todavía y que no saben si será sólo contra Cambray o contra más miembros del ejecutivo, incluido el presidente Pere Aragonès. ¿Qué motivos alegará Vox a la hora de llevar el decreto al TC? Expondrán que la norma no reconoce el castellano como lengua vehicular, que el catalán cuenta con un estatus superior, y que el catalán y el castellano no se tratan "de manera equiparada". "Ante un nuevo acto de rebeldía, exigimos la suspensión de la autonomía para garantizar derechos y libertades", ha dicho Gallego, que ha defendido un objetivo claro: garantizar que en todo el territorio "nacional" se pueda estudiar en castellano.
Quien sí tiene la querella casi acabada es Ciutadans, e irá dirigida contra el conseller de Educación y otros responsables del departamento. Según ha explicado el portavoz Nacho Martín Blanco, la motivación de la querella es para investigar si hay responsables penales a la hora de evitar la sentencia del 25%. "Presentaremos la denuncia para aportar claridad sobre la manifiesta voluntad del Govern de incumplir la sentencia del 25%, y su responsable máximo es Cambray, pero también la secretaria de Política Lingüística y otras personas", ha explicado. Ayer mismo el grupo naranja ya anunció que llevaría el decreto al Consejo de Garantías Estatutarias, pero no lo podrá hacer sin el apoyo de otro grupo, hecho que no se da a estas alturas.
Y finalmente también en rueda de prensa ha salido la portavoz del PP, Lorena Roldán. Los populares de momento no se querellarán contra ningún miembro del Govern, pero igual que hará Vox, han asegurado que llevarán al Tribunal Constitucional el decreto una vez sea aprobado a la cámara catalana: "El Govern ha anunciado una prevaricación, ha decretado una desobediencia", ha cargado Roldán, que ha asegurado que ha alertado que la amenaza del separatismo se está cumpliendo.