Acaba el día con un Parlament que ha aprobado preservar el escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà cuando él mismo no ha sido convocado al pleno ni tampoco ha visto su delegación de voto aceptada. Y mañana el día empezará con una nueva evidencia que demuestra que finalmente Juvillà no mantendrá su escaño. La secretaria general del Parlament, Esther Andreu, ha registrado un escrito en la Mesa ―se reúne mañana a las 9.30 horas― donde expone que por imperativo legal y para evitar que se impute a su persona y a otros funcionarios de la cámara "cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, contable o penal", se ve obligada a dar a la administración parlamentaria las instrucciones necesarias para obedecer los acuerdos de la Junta Electoral Central, que ordenan la retirada del escaño del Parlament al diputado cupaire.
El escrito al cual ha tenido acceso ElNacional.cat expone como el acuerdo de la JEC del 20 de enero declara vacante el escaño de Juvillà y recuerda que el Parlament ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo solicitándose la suspensión. Asimismo, expone que la Junta Electoral Central también avisó, en fecha de 27 de enero, que el incumplimiento de sus resoluciones puede dar lugar a consecuencias jurídicas. En este sentido, Andreu apunta que el Parlament ha intentado defender que la JEC no es competente para declarar las incompatibilidades de los diputados, y que la declaración de vacante vulnera los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, pero que "sin perjuicio de esta posición procesal defendida del Parlament", se ve obligada a trasladar la orden de obedecer la JEC.
Hoy Juvillà no ha podido votar en el pleno del Parlament y tampoco ha sido convocado. Después de todo, la JEC ha enviado un segundo ultimátum a la presidenta, Laura Borràs, donde se mantiene tajante. Esta misma tarde el órgano administrativo ha emitido un acuerdo en el que insiste que Borràs puede incurrir en en responsabilidades si no procede "al inmediato cumplimiento" de su acuerdo del 20 de enero pasado que declara la concurrencia de la causa de inelegibilidad sobrevenida en la condición de diputado y deja sin efecto su credencial, después de ser condenado a seis meses de inhabilitación a cargo público por el TSJC por no haber retirado unos lazos amarillos de su despacho cuando era concejal de la Paeria de Lleida.
Límites: los funcionarios
El dictamen que ha aprobado hoy el pleno del Parlament defiende que el diputado preserve su escaño pero fijando límites: siempre que no comprometa a los funcionarios de la cámara. Asimismo, el texto establece que Juvillà no cumple ninguna de las exigencias del reglamento del Parlament que fija las causas de pérdida de un escaño. Antes de aprobarse este informe, que fue elaborado por ERC, Junts y la CUP, la formación anticapitalista había registrado una solicitud para pedir la delegación de voto de Juvillà, pero la presidenta, Laura Borràs, que es quien las estima o desestima, no lo ha aceptado. Según ha dicho en su discurso, no la ha aceptado para que la votación no quedara "contaminada por un conflicto de intereses", acogiéndose a un artículo del reglamento y argumentando que como la votación era sobre Juvillà, él no tenía que votar.
Después del pleno, fuentes de ERC han reprochado a Borràs haber rechazado la delegación de voto argumentando un posible conflicto de intereses cuando ni siquiera se le ha convocado al pleno, por lo cual creen que la presidenta de la cámara está tratando a Juvillà como si ya no fuera diputado, mientras que los republicanos consideran que sí que mantiene el acta y, por eso, han votado el dictamen. Desde Junts, fuentes de la formación han defendido la actuación de Borràs y han acusado a la CUP de querer culpar a la presidenta de la cámara de la situación de Juvillà y pedir la delegación de voto para intentar enviarla "a la papelera de la historia".