La ofensiva que el Tribunal de Cuentas ha emprendido contra el independentismo desde hace años, intensificada a raíz del último embate contra una treintena de ex altos cargos por la acción exterior de la Generalitat durante los gobiernos Mas y Puigdemont, podría seguir ensombreciendo la imagen del estado español en Europa. Como ya ha pasado con el exilio y el encarcelamiento preventivo de los líderes del 1-O, los implicados están decididos a iniciar una campaña internacional para "denunciar la represión económica". En Esquerra Republicana ya han dado un paso en este sentido, haciendo llegar un informe a las máximas autoridades e instituciones europeas.

La responsable de la iniciativa es la única independentista que forma parte del Consejo de Europa, la senadora Laura Castel, que ha enviado la documentación a la secretaria general, la comisaria de Derechos Humanos y el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción, la Comisión de Venecia y la Comisión Europea Para la Eficiencia de la Justicia.

"El miedo" de Sánchez a Europa

Según un comunicado emitido por los republicanos, Castel "ha advertido a todos estos organismos europeos de la grave violación de derechos humanos que comportan las resoluciones del Tribunal de Cuentas y del impacto directo que las actuaciones de este tribunal tienen en el corazón de Europa". La formación que encabeza Oriol Junqueras, que precisamente la semana pasada viajó al Parlamento Europeo, parte de la base que "el Estado español tiene miedo de las resoluciones que puedan venir de Europa". De hecho, el mismo día que Pedro Sánchez anunció su voluntad de conceder el indulto a los presos independentistas catalanes en un acto en el Liceu de Barcelona, el Consejo de Europa validaba un informe que instaba al Gobierno a liberarlos, retirar las euroórdenes contra Puigdemont, Rovira y compañía y parar la persecución política.

El documento elevado a las altas instancias europeas expone que "las instituciones españolas han estado violando los derechos humanos de forma repetida, tal como ya han reconocido el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, múltiples ONGs y, últimamente, la misma Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, garante de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos".

La plana mayor del independentismo tiene asumido que lo único que puede hacer mover al gobierno de Pedro Sánchez en relación a la causa catalana es verse forzado por Europa, como ha pasado con los indultos.

En la imagen principal, Junqueras, Romeva, Forcadell, Bassa y Serret ante de el Parlamento Europeo en Estrasburgo. / M. Puig