La jueza Carmen Lamela ya ha enviado el informe al Tribunal Supremo para que acumule toda la causa de los consellers y los Jordis en una sola. Lamela lo califica todo como si fuera una red delictiva, una organización con reparto de papeles, "en ejecución de un plan preconcebido".

La jueza Lamela relata en su informe que hasta el momento hay elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que "actuaba con unidad de propósito, de acuerdo con un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para conseguir la secesión de la Comunidad Autónoma de Catalunya y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con eso la forma de Gobierno, con clara contravención de la orden constitucional y estatutario".

La magistrada describe el organigrama de esta organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Gobierno, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos. El grado de participación tiene que ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y de las personas vinculadas en el llamado Diplocat.

 

Lamela describe los elementos básicos con los cuales se ha llevado a cabo "una hoja de ruta secesionista" diseñada después de las elecciones autonómicas de Catalunya de 2015 y que recogía el papel que tendrían que jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como varias actuaciones sobre la estructura del Estado.

Desde este reparto de funciones, Lamela argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la ejecución de diferentes acuerdos en contra de las diferentes resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que tenían que impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la cual fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las diferentes etapas del "proceso de desconexión", la misión de los líderes de asociaciones independentistas como la ANC y Òmnium eran movilizar a las masas, con el fin de crear a la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para dar apoyo a la consecución de los fines secesionistas. Como ejemplo, la jueza detalla las congregaciones tumultuosas llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales. La ANC y Omnium, según Lamela, "actuaron como brazo civil del levantamiento favorecido por las autoridades del Gobierno apoyando movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre".

Papel esencial de los Mossos d'Esquadra

Dentro de esta organización investigada, para Lamela cobra especial relevancia el papel ejercido por los Mossos d'Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados. "Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban". La jueza concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, "a la realización de actuaciones de espionaje en los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia en miembros de la organización que eran series y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales".

Desvío de Fondos Públicos

Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos. Pese al veto del Tribunal Constitucional, el Govern hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo. Y el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Dña. Meritxell Borrás i Solé, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el referéndum.” 

Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para apoyar la celebración del referéndum ilegal y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente. 

Investigación conjunta

Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, señala. La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única forma de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.