La Assemblea Nacional Catalana y la Organización de las Naciones y Pueblos No-representados (UNPO) han registrado un informe a las Naciones Unidas donde denuncian la violación de los derechos civiles y políticos en España y reclama la libertad de los presos políticos, tal como pidió el Grupo de Detenciones Arbitrarias del mismo organismo internacional.
El informe ha sido presentado ante la Revisión Periódica Universal (UPR) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que actualmente está revisando la situación de los derechos humanos en el Estado español. La UPR es un mecanismo creado por la ONU para vigilar si los estados miembros cumplen sus obligaciones en relación al respecto por|para los derechos fundamentales.
Declive derechos humanos y políticos
La ANC, con el apoyo del UNPO, ha elaborado un informe "en relación al declive de los derechos humanos en España recogidos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y más específicamente sobre la violación de los derechos civiles y políticos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos tratados firmados y ratificados por España".
El documento pone el acento en la persecución de los representantes políticos y de los activistas independentistas en el Estado español. El informe se centra en las vulneraciones que se están produciendo con respecto al derecho a un juicio justo, al derecho a reunión y manifestación, al derecho de participación pública, al derecho a la lengua y la cultural, y al derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, incluida la prohibición de detención arbitraria, entre otros.
Libertad de los presos políticos
También se pide la implementación inmediata de la reciente petición hecha al Gobierno por parte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en Detenciones Arbitrarias de liberar a los presos políticos Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.
El plenario con las revisiones formales tendrá lugar en enero de 2020, cuando se reúne el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La revisión de la situación en España se verà el miércoles 22 de enero y será entonces cuando España tenga que responder sobre las conclusiones a las cuales habrá llegado el Consejo.