Acortar la temporalidad del sector público es el hito que persigue la nueva ley de interinos, a los cuales se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado jueves. La normativa todavía tiene que pasar el trámite del Senado, pero no se prevé que haya grandes cambios y la voluntad del Gobierno es que se apruebe con celeridad.

¿Quién podrá acceder a una plaza?

La nueva ley fuerza la administración a promocionar plazas que hoy día están "ocupadas de manera temporal e ininterrumpida" desde hace cinco años o más, concretamente, desde el 1 de enero del 2016 o antes. Las plazas se tendrán que poner a concurso antes del 1 de junio del 2022 y los procesos de selección se habrán de finalitxar antes no se acabe el año 2024. Así pues, el proceso de asignación de plazas se llevará a cabo mediante un proceso de concurso-oposición. La fase de concurso contará un 40% y la experiencia será determinante, según el Gobierno. En este sentido, pega mencionar que cada administración podrá adaptar el temario y el tipo de pruebas a su ámbito.

¿A quién afectarán los cambios?

La ley se ejecutará a la administración pública, pero también a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público. Se estima que en España hay 800.000 interinos, unos 90.000 de los cuales en Catalunya. La reforma pretende estabilizar a más de 300.000 trabajadores, reduciendo la tasa de temporalidad por debajo del 8%.

Cabe decir que, en el campo educativo y sanitario, la ley deja un margen de un año para adecuar la normativa al contexto específico. Además, la ley obliga también a convocar procesos para las ofertas públicas que se hicieron en el 2017 y en el 2018, que se tendrán que convocar los años posteriores.

¿Y si no se supera el concurso de méritos?

Si una persona no aprueba la fase de concurso, igualmente se le valorarán los méritos. No obstante, existe la posibilidad de que haya gente que se quede fuera. Y una vez se hayan calculado las puntuaciones, se ordenarán de más a menos para repartir las plazas. La gente que se quede sin, según indica la ley, será despedida de manera procedente. Consiguientemente, recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Más allá de la indemnización, las personas que no seleccionadas podrán incorporársese en bolsas laborales de interinos específicas o bien en bolsas ya existentes.

Varios sindicatos en contra de la nueva ley

Después de una huelga celebrada la semana pasada, esta semana ha habido movilizaciones de algunos sindicatos en contra de la aprobación de la ley y nuevas jornadas de huelga.

Los sindicatos contemplan la posibilidad de que la reforma de la ley acabe con despidos masivos y critican que "se estabilizan plazas, no personas". Los sindicatos piden que no se hagan oposiciones y que se reconozcan los interinos como personal fijo.

¿Y qué ocurre con los interinos que no han estado siempre en la misma plaza?

Aún no se sabe qué pasará, ya que la ley habla en todo momento de plazas, no de los requisitos que deben cumplir las personas que se quieran presentar. Por tanto, habrá que ver cuál és la aplicación que hace de la nueva ley cada administración para poder saber qué requisitos se exigirán.

Desde el gobierno español, apuntan que "este proceso extraordinario de estabilización afecta a las plazas estructurales que llevan al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como las ocupadas por empleados interinos que lleven más de cinco años en la Administración".

Imagen principal: Unas manifestantes sujetan uno pancarta que dice 'Fijeza Ya, Interinos en fraude de ley' a la protesta organizada por el colectivo de interinas educativas en la Plaza Sant Jaume de Barcelona/ ACN