El archivo de la investigación de la Fiscalía suiza al rey emérito Juan Carlos I ha abierto un nuevo escenario, en el cual, incluso, el Borbón podría volver al Estado español. El emérito ha esquivado la justicia suiza, pero no lo ha hecho solo. Más allá de sus abogados, las leyes de Arabia Saudí han jugado un papel fundamental en el desenlace de esta investigación. Durante tres años, el fiscal Yves Bertossa ha examinado las actividades económicas de las fundaciones instrumentales vinculadas a Borbón, Lucum y Zagatka.

En especial, el fiscal puso el foco en los 65 millones de euros que el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí abonó al emérito. Bertossa quería investigar si este intercambio era una comisión por la adjudicación del AVE en la Meca y consideró que el presunto blanqueo de capitales solo se podía perseguir si en Arabia Saudí también era una infracción.

El fiscal Bertossa, para averiguar si podía perseguir los actos del rey Abdulá de Arabia al dar dinero público a otro monarca extranjero para su disfrute personal, incorporó al sumario tres dictámenes de expertos en ley comparada, que concluyeron que el rey saudí no concurrió en ningún acto delictivo desde la óptica de la legislación de su país. Este hecho rompe las expectativas del fiscal suizo de poder perseguir los actos de los dos monarcas, según informa El Confidencial.

Respuestas inesperadas

Bertossa acudió a expertos como el Instituto Suizo de Derecho Comparado, donde preguntó si el supuesto regalo de un monarca al otro podía ser un acto de corrupción. Concretamente expuso: "Con la hipótesis que se tratara efectivamente de un presente, se me plantea la pregunta de si existe un posible delito de desvío de fondos públicos por parte del dirigente saudí, dado que los fondos fueron abonados al rey español por el Ministerio de Economía" de aquel país.

La respuesta que recibió, sin embargo, no podía ser más inesperada para el fiscal. "Hay que considerar que Arabia Saudí no dispone actualmente de Código Penal. Su derecho penal se compone de diferentes textos adoptados por las autoridades estatales que tratan sobre asuntos particulares e infracciones específicas y sobre el derecho musulmán clásico, que es básicamente un derecho doctrinal no codificado sin alusiones precisas," contestó el instituto. Sin embargo, recomendaron que se hiciera un informe exhaustivo para confirmar sus postulados.

El informe se hizo y analizó las leyes islámicas con el derecho de aquel Estado. La investigación advertía que "por razones políticas y culturales, el empleo de ciertos términos como Constitución o ley es delicado en Arabia Saudí". Eso se traduce en un sistema legal poco claro, donde ni siquiera se ve una diferencia clara entre el dinero público y el dinero de la monarquía, lo cual hace, en la práctica, intocable al rey saudí. El monarca casi absoluto está completamente blindado y delitos como el blanqueo de capitales ni se ponen sobre la mesa.

Eso dejó a la Fiscalía suiza en una vía muerta, de la cual el emérito se ha podido beneficiar. Si la inmunidad de Juan Carlos I se han cuestionado en varias ocasiones en algunos tribunales, la del monarca saudí es incuestionable y de este privilegio se ha acabado beneficiando el emérito. "No hay un concepto sobre el hecho de que las acciones del rey puedan rebasar los límites de la ley o un concepto similar, ya que no hay límites a la autoridad del rey, aunque eso está sujeto al requisito que el rey tiene que gobernar con justicia y por el interés público", dicen los expertos. Y añaden: "Un pago decidido por el rey en 2008 no puede ser impugnado por ninguna autoridad, dentro o fuera de Arabia Saudí".

En resumidas cuentas, los expertos concluyeron: "La transferencia decidida por el rey de Arabia Saudí y efectuada por el Ministerio de Finanzas es por sí misma válida y legal, al haber sido ejecutada con un estricto respeto a las leyes saudíes". Eso ha acabado siendo una losa más en la investigación contra el emérito.

 

 

Imagen principal: Juan Carlos I, rey emérito, en el Congreso de los Diputados durante la celebración del 40 aniversario de la Constitución española / Europa Press