En la primera semana de vida del nuevo Govern de la Generalitat, que por primera vez desde el restablecimiento de la democracia preside Esquerra Republicana, han empezado a aflorar cuáles serán las patatas calientes que deberá afrontar el ejecutivo de Pere Aragonès. Algunas eran ya previsibles, como la salida de la crisis social, económica y emocional derivada de la pandemia, la revisión del modelo de seguridad y orden público y los desahucios. Otros han aparecido como setas en pleno arranque del nuevo ejecutivo. Es el caso de la ampliación del aeropuerto.

La gestión del famoso mientras tanto que prometió ERC no será un camino de rosas. Y en paralelo, el ejecutivo tendrá que reservar energías para aguantar la posición en la negociación con el Estado para resolver el conflicto político, con el indulto como calmante y con la amnistía y la autodeterminación como remedio.

La sangría de los desahucios

El 70% de las ocupaciones en Catalunya son por parte de familias que previamente habían pedido un piso de alquiler social. El 82% de las viviendas que están ocupadas pertenecen a grandes tenedores. Son datos que expuso el conseller de Interior en su debut en el Parlament para evidenciar que en esta materia hay a menudo un exceso de demagogia. El mismo día que Joan Ignasi Elena compartía estas cifras, el vicepresident Jordi Puigneró anunciaba que las competencias en vivienda dejarán de estar asociadas a territorio y pasarán a manos de la conselleria de Derechos Sociales. Toda una declaración de intenciones.

Que la Generalitat garantice el derecho vivir bajo un techo digno es uno de los puntos primordiales del acuerdo entre ERC y la CUP para la investidura. Que se den pasos en esta dirección determinará si los anticapitalistas siguen apuntalando a Aragonès o lo dejan caer. Lo dejaron muy claro al día siguiente de la investidura, cuando cuatro diputados cuperos se plantaron en primera fila de la concentración para parar un desahucio en el Poble-sec, que contó con la participación de la Brimo. La presencia de los antidisturbios de Mossos contradecía el pacto ERC-CUP, que prevé la retirada de la brigada móvil cuando sea para desalojar personas en situación de vulnerabilidad.

Una de las primeras medidas relevantes que ha aprobado esta semana el gobierno en su primera reunión operativa ha sido la activación de un grupo de trabajo integrado por todas las conselleries implicadas —Derechos Sociales, Territorio, Justicia, Interior y Presidencia— para empezar a atacar la raíz del problema. El compromiso del acuerdo de gobierno entre ERC y Junts es invertir 1.000 millones extra en políticas de vivienda esta legislatura.

La gestión del orden público

Por primera vez en la historia ERC asume la conselleria de Interior. Y lo hace colocando al frente a una figura ajena al partido, el exsocialista Joan Ignasi Elena, que como ha pasado siempre, estará bajo la lupa permanente de la CUP. Además de acabar con el acompañamiento de la Brimo a las comitivas judiciales que deben hacer efectivos los desahucios, la carpeta de deberes es inacabable.

A raíz de las negociaciones para formar gobierno, ERC, Junts y la CUP se han comprometido a revisar el modelo de orden público de Catalunya. La idea es hacerlo en una comisión específica en el Parlament, como ya se hizo en su día con las pelotas de goma. Precisamente el material que se aprobó para sustituirlas, los proyectiles de foam, está ahora en el punto de mira. Los anticapitalistas arrancaron el compromiso de ERC de aplicar una moratoria en el uso de este armamento que todavía no se ha concretado. De momento no ha habido nuevos disturbios en la calle que hayan requerido de una intervención contundente.

Las renovables, fuente de conflicto

El despliegue de las fuentes de energía renovable en el territorio es motivo de controversia, también entre los socios de Aragonès. Mientras Junts per Catalunya defiende la necesidad de apostar por su implantación, para cumplir con la agenda europea 2030, la CUP y ERC ponen más pegas, por el impacto ambiental que tienen algunos de los proyectos licitados.

Los anticapitalistas piden directamente que se derogue el decreto de renovables que impulsó la conselleria de Damià Calvet durante la pasada legislatura. Una reclamación que comparte la nueva consellera del ramo, Teresa Jordà, ahora responsable de Acción por el Clima y que reconoce que la medida "genera anticuerpos". Durante el pleno de esta semana ha dejado claro que no es de recibo que "se beneficien los grandes oligopolios".

La seta de la ampliación del aeropuerto

Por si no hubiera bastantes carpetas calientes sobre la mesa del gobierno Aragonès, esta semana ha aterrizado una de sobrevenida: la conveniencia o no de avalar y acompañar el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat que plantea Aena, con una tercera pista en medio de una reserva natural.

Desde Junts per Catalunya se han mostrado más entusiastas, el propio vicepresident declaró que "Catalunya no se puede permitir el lujo de no tener un aeropuerto preparado para la economía del SXXI" y se ha reunido públicamente con las entidades que presionan por la ampliación. El president, en cambio, ha adoptado una actitud más prudente, evitando posicionarse claramente sobre su apoyo o rechazo a la ampliación. Sí que ha afirmado que cualquier paso tendrá que respetar el medio ambiente.

Para tratar de poner orden a la discusión, que afecta a otras instituciones como los ayuntamientos de Barcelona y el Gobierno de España, Aragonès pretende crear una mesa de diálogo entre las partes implicadas.

Pretendientes para los presupuestos

Después de que el año pasado fuera la excepción y el Govern de la Generalitat aprobara por fin unos presupuestos después de tres años, este 2020 volverá a haber prórroga. Teniendo en cuenta que ya estamos en el mes de junio, y que el trámite parlamentario para aprobar las cuentas dura unos meses, el conseller de Economía ha anunciado que se ponen a trabajar con los números de 2022. La próxima semana empezarán a entrar en materia. El ejecutivo prevé sondear a todos los grupos parlamentarios susceptibles de dar apoyo.

La CUP es el socio prioritario, pero los anticapitalistas ya han expresado su inquietud por el hecho de que Aragonès haya aceptado poner de conseller de Economía al exdirectivo de la Fundación La Caixa, Jaume Giró. Las mismas dudas que han manifestado los comunes. En paralelo, los socialistas, que afirman adoptar una actitud de oposición constructiva, se han mostrado abiertos a escuchar.

ERC y Junts no suman mayoría absoluta en el Parlamento y, por lo tanto, necesitarán sí o sí a algún aliado para sacar adelante la ley más importante de un gobierno, los presupuestos.

El diálogo por el referéndum y por el mientras tanto

Que Esquerra Republicana se haya hecho con la presidencia de la Generalitat en lugar de Junts ha sido un balón de oxígeno para el gobierno PSOE-Podemos. Pedro Sánchez y Pere Aragonès han reanudado el hilo del diálogo para reiniciar las relaciones entre gobiernos y tienen previsto verse en Moncloa este mismo mes de junio.

La delegación catalana vuelve tener la misma misión que en anteriores ediciones, convencer al Gobierno de España para que se avenga a un referéndum pactado, a la escocesa e impulse una ley de amnistía para terminar con la represión. Unas exigencias que, de entrada, el "gobierno más progresista de la historia" no parece dispuesto a aceptar. ERC tiene dos años para demostrar que la apuesta por la vía dialogada funciona. Es el margen que le ha dado la CUP que, como Junts, no esperan resultados, y piden empezar desde ya a trazar el plan B.

Mientras desbroza el camino para llegar a la República, el Govern tiene otros trabajos propios de un gobierno autonómico. Y como tal, mientras tanto, tendrá que mantener la relación con Madrid en temas primordiales como el reparto de los fondos europeos Next Generation.

En la imagen principal, Aragonès en el Parlamento. / Europa Press