Las juntas de tratamiento de las prisiones de Wad-Ras, Lledoners y Puig de les Basses han vuelto a proponer el tercer grado para los presos y presas políticos. Lo acaba de anunciar el secretario de Medidas Penales, Armand Calderó.

Según lo que está establecido, este mes de enero se tenía que hacer la revisión del segundo grado que tienen todos, y hoy Justicia ha hecho pública la propuesta de las prisiones después de que las juntas de tratamiento se hayan reunido hoy a las 9 h simultáneamente.

Con un marcado tono político, Armand Calderó ha afirmado que "nunca tendrían que haber entrado en la prisión" y que su libertad y ejecución de la pena no depende ni del Govern ni de ningún cargo político. "El problema no es qué hacen en la prisión, sino que un tribunal los ha enviado a la prisión", ha dicho el Secretario de Medidas Penales.

Calderó también ha hecho la explicación técnica y en que se han basado a las juntas de tratamiento para hacer la valoración. "En ningún caso se puede mantener un interno en un grado inferior a lo que le corresponde", ha dicho refiriéndose al artículo 72.4 de la ley que recoge el régimen penal. Mantenerlos en el segundo grado sería una actuación "irregular", ha insistido.

En julio del año pasado el Tribunal Supremo revocó el tercer grado a pesar de los informes técnicos y la unanimidad de los jueces de vigilancia penitenciaria. Las juntas de tratamiento hoy han sopesado tanto la decisión de Supremo como la situación actual de los presos. Actualmente hace medio año más que están en la prisión, los técnicos han tenido más tiempo de observación y todos estarán en la cuarta parte del cumplimiento de la pena este mes de enero. "No hay ningún impedimento legal para que puedan acceder al tercer grado", ha expuesto Armand Calderó, que al mismo tiempo ha insistido en que "la prisión no es ningún espacio para el castigo ni la venganza".

Sin unanimidad para los consellers de Junts per Catalunya

A diferencia de la resolución del año pasado, la propuesta del tercer grado no se ha tomado en todos los casos por unanimidad.

Ningún conseller de Junts per Catalunya ha obtenido la unanimidad. Tampoco Raül Romeva y Carme Forcadell. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Dolors Bassa, sí.

Las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios Mujeres de Wad-Ras, Lledoners y Puig de les Basses se han pronunciado, esta mañana, en relación con la revisión periódica de la clasificación de los miembros del Gobierno y la presidenta del Parlamento de la XI legislatura y en relación con los líderes de las entidades soberanistas Òmnium y ANC en el momento del referéndum del 1 de octubre.

Todas las propuestas que han formulado las juntas de tratamiento son de clasificación en tercer grado. El Centro Penitenciario Mujeres se ha pronunciado en relación con Carme Forcadell; el Centro Penitenciario Puig de les Basses, en relación con Dolors Bassa, y el Centro Penitenciario Lledoners, en relación con Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Dos meses para analizar la propuesta

Se abre ahora un plazo de dos meses en que un equipo compuesto por 10 juristas, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y maestros tiene que analizar la propuesta. Estudiarán y evaluarán los informes elaborados por los equipos de los módulos de la prisión, que están en contacto diario con las personas internas.

Además de los años de la pena, las juntas de tratamiento tienen en cuenta otros factores como la conducta y el nivel de adaptación de las personas penadas en el centro penitenciario, las condiciones de sus redes sociales y familiares, la capacidad de reinserción laboral, si tienen o no antecedentes penales, el riesgo de reincidencia, el tiempo cumplido en prisión preventiva y como penado, los argumentos de la anterior clasificación, la consecución de los objetivos marcados en la clasificación inicial y, finalmente, el régimen de vida más adecuado para la consecución de los nuevos objetivos.

Quan el Servei de Clasificación haya resuelto las clasificaciones, las notificará a las personas afectadas y a la Fiscalía. Las resoluciones se podrán recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente. La decisión de este juzgado también se podrá recurrir, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, que es el Tribunal Supremo.

Primeras reacciones

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, recuerda que incluso este tercer grado no supone la libertad que reclaman y se merecen: "No es la solución de nada. Hemos entrado en la prisión porque queríamos decidir nuestro futuro político".

Y el conseller Raül Romeva también lamenta la falta de derechos que se le han privado: "Volvemos a estar donde estábamos. Y la única solución real también está allí donde estaba: amnistía y autodeterminación".