Las pruebas de acceso a la abogacía, que organiza el ministerio de Justicia, volverán a hacerse este año exclusivamente en castellano. Este examen, que se celebrará el próximo 27 de febrero, acogerá a 900 graduados en derecho catalanes, que después de superar un master de acceso a la abogacía, pretenden la titulación que posibilita ejercer la profesión. El examen se celebrará en la Universidad Politécnica de Barcelona, lo cual para muchos candidatos supone un progreso, porque hasta el 2014 sólo se podía hacer en Madrid. Pero a pesar de convocarse en Barcelona, la prueba se pasará exclusivamente en castellano. No hay problemas lingüísticos en las respuestas, porque será una prueba de tipo test. El ministerio ha ratificado que en el futuro seguiría haciendo las pruebas sólo en castellano.
Reacciones de la Conselleria
El conseller de Justicia, Carles Mundó, en una nota de prensa, ha protestado por esta medida, afirmando que si el examen sólo se hace en castellano y no incluye las otras lenguas oficiales es porque el Ejecutivo español "no tiene ganas". Afirma que en el 2015 su conselleria ya se interesó por el tema y que estaba dispuesta a asumir el coste de la traducción y a facilitar los recursos necesarios para sacar adelante la medida. Asegura que había un compromiso en firme para traducir el cuestionario en el 2016, y que así consta en el acta de la comisión técnica sectorial de la Administración de Justicia de septiembre pasado. Mundó asegura que no está hablando de una concesión política, sino que está reivindicando un derecho reconocido por las leyes vigentes.
Otras quejas
El Consell de l'Advocacia Catalana, que agrupa a los catorce colegios profesionales de Catalunya, ha expresado su protesta ante este hecho, tal como lo hizo el año pasado. Se muestra indignado porque el gobierno español, de quien depende la prueba, no tiene la menor sensibilidad lingüística. Y ha anunciado que, como el año pasado, su representante a la prueba evaluadora, formulará una protesta por los hechos. Además, ha destacado que el derecho civil catalán tiene un papel absolutamente marginal en las pruebas, y ha pedido que se amplíen las preguntas sobre el tema.
También se han manifestado en contra de la decisión del ministerio de Justicia el Institut d'Estudis Catalans y la Societat Catalana d'Estudis Jurídics. Ambos argumentan que la decisión del ministerio constituye una vulneración de la Constitución, del Estatut y de la Carta Europea de las Lenguas. Y ponen de manifiesto que éste no es un comportamiento aislado, sino que la administración de justicia española incumple de forma sistemática la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, tal como puso de manifiesto un informe del Consejo de Europa del 20 de enero.