El mayor estruendo de la campaña, de momento, se ha producido fuera de los actos electorales. Lo ha ocasionado la imposición de la Junta Electoral Central (JEC) a la Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de compensar a los partidos no independentistas con el mismo tiempo de pantalla que el dedicado a la retransmisión de la Via Lliure de la Diada.

La Junta considera las tres horas de emisión de TV3 como propaganda electoral y obliga a la CCMA a resarcir a PP, PSC, C's, UDC y Catalunya Sí que Es Pot, los partidos que presentaron el caso ante la JEC.

Estos partidos rehúsan ahora la propuesta de compensación de la CCMA: emitir una serie de entrevistas por televisión y radio en directo y con la misma duración e idéntica franja horaria que la Via Lliure.

También lo ha descartado la Junta Electoral Provincial de Barcelona, al considerar que el formato propuesto por la CCMA "no responde a los términos ni a la finalidad del acuerdo". La Junta Provincial considera que el espacio ofrecido no es equivalente. Alega que "sin previa difusión no se compensaría en absoluto a las formaciones políticas perjudicadas".

La CCMA ha recurrido a la JEC por no haber podido hacer estas entrevistas compensatorias a los partidos, alegando que la competencia para determinar los contenidos informativos corresponde a los medios públicos, no a los partidos políticos.

Es decir, que tanto partidos como juntas electorales se ven en la tesitura de ejercer como directores de informativos de TV3 y el resto de canales de la CCMA.

Otra televisión pública que, como TV3, retransmitió la Via Lliure es Barcelona Televisión (BTV). Xavier Muixí, el director de informativos, no tiene "ninguna noticia" que la JEC se haya dirigido a BTV para exigirle las mismas compensaciones que impone a TV3, seguramente porque los mencionados partidos no la incluyeron en su recurso.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera que la resolución de la JEC "es una muestra más del despropósito que significa no aplicar los criterios periodísticos para informar durante las campañas electorales" y aprovecha para cargar contra los bloques electorales fijos a los que están obligadas las emisoras públicas de radio y televisión en aplicación del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Ese artículo se refiere en los mismos términos a las emisoras privadas.

Detrás de todo este lío están los trece hombres y dos mujeres que componen la Junta Electoral Central.

La JEC es el órgano superior de la Administración Electoral en el Estado español. Está formada por ocho magistrados del Tribunal Supremo (escogidos por sorteo), de los cuales uno asume la presidencia y otro la vicepresidencia; cinco vocales catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología en activo (propuestos por el Congreso y aprobados por mayoría cualificada); el Secretario General del Congreso de los Diputados como Secretario, y el Director de la Oficina del Censo Electoral (con voz y sin voto).

Carlos Granados Pérez. Melilla, 1943.Presidente de la JEC desde el año 2012. Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS). De larga trayectoria en la judicatura, en 1992 fue designado magistrado del Supremo. También fue fiscal general del Estado durante la etapa de Juan Alberto Belloch (PSOE) como ministro de Interior y Justicia. Estudió en el "Colegio del Pilar", como José María Aznar, Juan Luis Cebrián, Alfredo Pérez Rubalcaba, Luis María Ansón o los hermanos Luis y Javier Solana. Como magistrado del Supremo, votó a favor de prohibir que Bildu se presentara a las elecciones municipales del 2011.

Andrés Martínez Arrieta. Logroño, 1955. Vicepresidente de la JEC. Instruyó en 1983 (con 29 años) el “caso Nani”, un atracador muerto a manos de tres policías en la comisaría de la Puerta del Sol de Madrid, el primer desaparecido de la democracia. Este caso catapultó su carrera y a nadie extrañó que en 1998 fuera nombrado magistrado del Supremo. Tenía 43 años y era el más joven en entrar en el alto tribunal.

José Luís Calvo Cabello. Zaragoza, 1944. Magistrado de la Sala Primera (de lo Civil) del Supremo. Miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Fue uno de los primeros portavoces del Consejo General del Poder Judicial (1985-1990). En 1992 dictó la primera sentencia absolutoria para un insumiso, en la que se consideraba que la dignidad del individuo está por encima del Estado. En marzo del 2000 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

Pablo María Lucas Murillo de la Cueva. Magistrado de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo desde noviembre del 2001. Fue nombrado juez competente por conocer las actividades del CNI durante el gobierno de Zapatero en el año 2009. Bien relacionado con el PSOE de Andalucía. Fue jefe de gabinete del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Javier Delgado Barrio, votado unánimemente al frente de ambas instituciones.

Manuel Campos Sánchez-Bordona. Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Defensor de la libre competencia, ha fallado en varias ocasiones contra los intereses de las cadenas de televisión beneficiarias de la política de concesiones de canales de TDT seguida por PP y PSOE. El gobierno de Rajoy quiere ahora promocionarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

María Luisa Segoviano Astaburuaga. Elegida en 2006 magistrada de la Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo. Es experta en cuestiones que afectan al régimen laboral, especialmente en temas de acoso y discriminación sexual. Preguntada sobre la independencia en la elección de los magistrados del TS, ha declarado que "quizás podría haber otro sistema de elección, no digo que no, pero el actual ya lleva muchísimos años y tiene cierta tradición".

Antonio Salas Carceller. Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Ha sido ponente de muchos de los veredictos que confrontaban derecho al honor o derecho a la imagen personal y derecho a la información. Es célebre su sentencia contra las productoras de Sálvame por mofarse de la duquesa de Alba y de su marido. Ha reconocido en alguna ocasión que la organización judicial está politizada “dependiendo de lo que entendamos como politizada”, pues los órganos judiciales “dependen del acuerdo entre partidos”.

José Antonio Montero Fernández. Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde el 2009. Su inicio en el TS ya estuvo marcado por la polémica, pues una magistrada de la Audiencia Nacional suspendida recurrió la decisión del Poder Judicial de proponerlo a él y cuatro jueces más. Fue la primera vez que el mismo Supremo tuvo que estudiar y motivar la legalidad del nombramiento de alguno de sus miembros. El recurso fue desestimado.

Pablo Santolaya Machetti. Catedrático en Derecho Constitucional. Propuesto por el PSOE. Fue uno de los miembros de la JEC que votó en contra de prohibir la manifestación de los indignados durante la jornada de reflexión de las elecciones municipales del 2011.

Alfonso de Esteban Alonso. Madrid, 1943. Propuesto por el PP. Fue uno de los miembros de la Junta que consideró que la campaña institucional de la Generalitat para incentivar el voto en las autonómicas del 2012 no vulneraba el Estatut ni la Ley Electoral. El acuerdo mayoritario consideró que sugería opciones de voto y exigió la retirada de la publicidad.

Joan Manuel Trayter Jiménez. Barcelona, 1962. Catedrático en Derecho Administrativo en la Universitat de Girona. Propuesto por CiU. Combina el cargo de vocal en la JEC con el de miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya y síndico de los Socios del FC Barcelona. También se opuso a la retirada de la campaña de la Generalitat en las elecciones del 2012.

Paloma Biglino Campos. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología y licenciada en Derecho. Forma parte del Observatorio de la Vida Militar, dedicado a la promoción de los derechos fundamentales en las Fuerzas Armadas. En el 2012 expresó su opinión sobre las manifestaciones en campaña electoral en el contexto de unas movilizaciones en México muy similares a la Via Lliure de esta Diada. Si bien la Constitución no prohíbe las manifestaciones en periodo electoral, dice, el ordenamiento jurídico español “impide que personas no candidatas lleven a cabo actos de campaña electoral” y que, por lo tanto, “hay que considerarlos actividades destinadas a captar el voto en favor de una determinada fuerza política”.

Raúl Canosa Usera. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. El día de su nombramiento celebraba que la tarea de la Junta "no ha suscitado polémicas, porque ha aplicado de manera inteligente y juiciosa la legislación electoral, que a la Junta Electoral Central le corresponde interpretar y aplicar, pero ni recrear ni crear, porque esto lo tiene que hacer el Parlamento".

Carlos Gutiérrez Vicén. Secretario de la JEC. Escogido por unanimidad a propuesta del presidente del Congreso, Jesús Posada, de PP.

Gregorio Izquierdo Llanes. Su nombramiento como presidente del Instituto Nacional de Estadística y, por lo tanto, director de la Oficina del Censo, levantó polémica pues, a diferencia de todos sus predecesores, no es un estadístico sino un funcionario doctor en Económicas próximo a Juan Iranzo, economista próximo a la Fundación FAES, al PP y vinculado al Círculo de Empresarios.

Con información de Pilar Carracelas