La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el procés se retrasará hasta mediados del año que viene porque antes el tribunal tiene que resolver la cascada de recusaciones formuladas por todos los condenados a penas de prisión contra el magistrado Antonio Narváez, a quien quieren apartar del procedimiento.
Fuentes jurídicas han informado en Efe que el Pleno del tribunal de garantías que se inicia este martes admitirá a trámite los incidentes de recusación contra Narváez que se basan en una conferencia de que el magistrado pronunció en Granada en el 2017.
En aquella exposición, titulada El problema catalán, perspectiva constitucional, el magistrado tildó el procés independentista en Catalunya de "golpe de Estado encubierto", más grave que el 23-F.
Las recusaciones han sido formuladas por los nueve condenados a penas de prisión, los cuales alegan que el magistrado no es imparcial para resolver los recursos de amparo presentados delante del Constitucional y que, si continúa en esta causa, se verían vulnerados el derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez independiente.
La Recusación de Puigdemont
También el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont presentó otro incidente de recusación contra Narváez, a quien acusa de haber perdido la imparcialidad necesaria para decidir sobre el recurso presentado contra el orden de detención que tiene pendiente, basándose en lo que dijo el magistrado en esta misma conferencia.
Puigdemont considera que Rodríguez-Zapata "carece de imparcialidad para conocer y resolver" la cuestión del cese del presidente por haber sido autor de un libro titulado "Teoría y práctica del Derecho Constitucional" donde se alude a la aplicación de lo articulo 155 por parte del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
En concreto, la defensa del presidente en el exilio recusa al magistrado que tiene que tratar el recurso contencioso presentado contra el decreto del 27 de octubre de 2017 en que se dispuso el cese del presidente, del Gobierno y la disolución del Parlamento en plena aplicación de lo articulo 155 de la Constitución que liquidó el autogobierno catalán.
El retraso
La admisión a trámite supone que se paralicen todos los procedimientos en que interviene el magistrado mientras se resuelven las recusaciones y eso tiene otras consecuencias, porque implica que la resolución de los recursos contra la sentencia del Supremo se dilatará como mínimo un par de meses.
Por lo tanto, precisan las fuentes, los recursos se paralizan hasta que no culmine la tramitación de las recusaciones. Se estima que la resolución no llegará hasta mediados del año que viene.