La etapa de Esther Andreu como secretaria general del Parlament ha llegado a su fin. La presidenta de la cámara, Laura Borràs, ha aceptado su dimisión después de conocer el informe de la Oficina Antifraude sobre el caso de su hijo, que ha sido incorporado como ujier, y del cual Andreu no informó a la Mesa sobre el parentesco con él durante el proceso de selección. Una vez valorado el contenido del informe, que completa toda la información solicitada sobre este asunto, la presidenta del Parlament ha decidido aceptar la dimisión presentada por la secretaria general, que será cesada este viernes de sus funciones.
Precisamente este viernes la secretaria ha hecho llegar a los miembros de la Mesa la carta en que expone las razones que lo han llevado a presentar su dimisión a raíz de la polémica con su hijo. La secretaria general presentó la renuncia el martes de la semana pasada a la Mesa, que pidió aquel mismo martes un informe a la Oficina Antifraude sobre esta cuestión. Andreu atribuye en el texto las acusaciones de qué ha sido objeto, que se han venido a añadir a la polémica en torno a la inhabilitación del diputado de la CUP, Pau Juvillà, a ataques dirigidos a la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
"Desde el pasado diciembre he sido objeto de acusaciones muy serias que ponen en entredicho no sólo mi imparcialidad, objetividad e independencia de criterio sino, sobre todo, mi profesionalidad y honradez. Esta situación y el hecho de saber que son instrumento para atacar más altas instancias no lo hace menos doloroso, injusto e insoportable y manifiestan la falta de confianza de la mayoría de la Mesa en la secretaría general", arranca la misiva.
En el texto admite que "la falta de acuerdo y comunicación con el actual letrado mayor" afectan y dificultan el correcto desarrollo de sus funciones. De hecho, lo responsabiliza de haber desacreditado su profesionalidad ante la Mesa del Parlament mostrando discrepancia o falta de acuerdo verbalmente durante las reuniones, acusándola de vulnerar el propio estatuto jurídico de los letrados, lo cual ha hecho, según asegura, la situación insostenible e impide el ejercicio de las funciones que le atribuye el reglamento.
La secretaria general ha insistido en no asumir ninguna responsabilidad por el caso de su hijo. Personalmente considera que una vez garantizado el principio de igualdad de trato con su no participación en el procedimiento, era "más respetuoso hacia la Mesa", no dar información en relación a ninguno de los aspirantes, "que también tienen derecho en qué se respete su intimidad, imagen y datos personales"