Una pericial clave y polémica. La presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, ha aportado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una pericial informática en la cual se asegura que los correos que interceptaron los Mossos de Esquadra a Isaías Herrero y que son la prueba principal de la acusación en el caso de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) "no tienen aval judicial". Es decir, que se tendrían que expulsar del procedimiento. La Fiscalía acusa a Borràs de haber adjudicado a dedo 18 contratos menores a Herrero para realizar la web de la entidad, trabajo que se completó. Este jueves, el periódico digital Eldiario.es ha avanzado que la Fiscalía ha cuestionado uno de los dos peritos, Luis Enrique Hellín, por ser el pistolero de la ultraderecha que mató a Yolanda González en Madrid en 1980, y ha pedido al TSJC que lo aparte del proceso, según ha confirmado la Fiscalía Superior de Catalunya, sin revelar el nombre de la persona aduciendo que no es parte del procedimiento. El abogado de Borràs, el penalista Gonzalo Boye, ha reaccionado en un tuit, aclarando que los peritos han sido escogidos por sus abogados y ha añadido: "A la fiscal, que conoce la identidad desde hace 2 años, no le molesta el pasado de uno de los peritos, sino las conclusiones a las cuales llegan". Hellín ha sido perito en causas de corrupción del PP en Valencia y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, acusada de falsificar documentación.
Los 2 peritos de causa de @LauraBorras los seleccionamos y contratamos sus abogados, es decisión técnica, son los mejores.
— Gonzalo Boye (@boye_g) November 10, 2022
A la Fiscal, que conoce la identidad desde hace 2 años, no le molesta el pasado de uno de los peritos sino las conclusiones a las que llegan #cortinadehumo
La Fiscalía presentó el escrito de acusación del caso ILC el julio pasado, y solicita que Laura Borràs sea condenada a 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación por su gestión como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre los años 2013 en el 2017. En concreto, se acusa Borràs de haber adjudicado 18 contratos menores sin concurso, que suman más de 309.000 euros, sobre la programación y mantenimiento del portal web de la Institución a su amigo Isaías Herrero, por quien la Fiscalía también pide la misma pena de prisión. Al final, la Fiscalía no acusa a Borràs de malversación de fondos públicos, aunque fue procesada por este delito y ni tampoco por fraude administrativo. Por el contrario, Boye pide la absolución de Borràs, ya que sostiene que no ha existido fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles, ni decisiones arbitrarias.
La constitución del tribunal
El segundo instructor del TSJC, Carlos Ramos, autorizó dar 10 días más a la defensa de Borràs para finalizar la pericial exculpatoria, porque se comprobó que le faltaba documentación para finalizarla, y derivó el caso al tribunal de enjuiciamiento. El gabinete de prensa del TSJC ha informado este jueves de que todavía no está constituido el tribunal de enjuiciamiento. Lo más probable es que el tribunal sea presidido por Jesús Maria Barrientos, presidente del TSJC, ya que preside todos los juicios del alto tribunal catalán, a excepción del juicio de la segunda mesa del Parlament, al prosperar la recusación de Barrientos presentada por el exvicepresidente de la mesa Josep Costa. El tribunal tendrá que resolver ahora si acepta el informe pericial clave en la defensa de Borràs, además de fijar la fecha del juicio.
Las irregularidades de la investigación de los Mossos
En el informe pericial, de 112 páginas, los peritos resumen en tres irregularidades graves, las pruebas encontradas por los Mossos d'Esquadra y que consideran que no se pueden usar en el juicio. La primera es que "no ha habido una cadena de custodia" del material decomisado en el domicilio de Herrero, hasta que el procedimiento fue al Tribunal Supremo en 2021. La primera entrada en casa de Herrero fue autorizada por una jueza de Manresa, en diciembre de 2017, por una investigación sobre falsificación de moneda y tráfico de drogas. En el volcado de 46 archivos informáticos se encontraron facturas de la Institución y el nombre de Borràs y la fiscalía pidió que se dedujera testimonio de este hallazgo y se enviara a los juzgados de Barcelona, causa que recayó a la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona.
En el 2018 se entró por segunda vez en el domicilio de Herrero, además del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y en la Institución de las Letras Catalanas, y como se filtró a los medios de comunicación, esta actuación policial, la magistrada pasó la investigación de los Mossos a la Guardia Civil. Y cuando Borràs obtuvo el acta de diputada por Junts en el Congreso, pasó una parte de la causa al Tribunal Supremo, que al final la derivó al TSJC, cuando Borràs fue elegida diputada en el Parlament. Los peritos afirman que en este periplo de juzgados, las evidencias encontradas "no tuvieron un sistema de sello o firma electrónica" y, por lo tanto, concluyen que "no está garantizada su cadena de custodia", hecho que su contenido podía ser modificado, y en consecuencia "no tiene validez técnica".
En la segunda conclusión, los peritos afirman que los correos electrónicos que se sustrajeron del ordenador de Herrero "no tienen aval judicial", ya que la autorización se limitaba al sistema web de los dominios y subdominios Lletrescatalanes.cat, anybertrana.cat, anyllull.cat y quellegeixes.cat. A partir de los correos analizados, la policía formula las acusaciones delictivas contra Borràs y Herrero, y si son expurgados del proceso no estarían las principales pruebas acusatorias. Finalmente, la tercera conclusión es que la Guardia Civil en su informe no asegura que los 18 contratos formaran parte de "una unidad funcional y operativa", hecho que desmontaría la tesis que los contratos se fraccionaron.