El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) concluyó el pasado miércoles la investigación contra la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, dejándola a un paso del juicio. El cierre de la instrucción contra Borràs por posible malversación de fondos públicos y otros delitos en su periodo como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) ha sido ampliamente cubierto por los medios, por donde denuncia la presidenta, que ha sabido sobre las novedades en su caso.
"Una vez más, de hecho, como siempre", ha lamentado Borràs, quién no es la primera vez que se entera de novedades judiciales que la impliquen directamente a través de los medios y no por las vías de comunicación de la misma justicia. "Todo mucho de 'democracia perfecto': ir cargándose derechos uno tras el otro", sentencia Borràs en Twitter, donde ironiza sobre su posible juicio: "A punto para un juicio justo...".
Cerca del juicio
Después de que el TSJC haya concluido la instrucción de la investigación contra Borràs y otras personas por la posible malversación en el ILC es el turno de la Fiscalía, que ahora tiene diez días para pedir la archivación o nuevas diligencias, o presentar el escrito de acusación. La defensa puede recorrer delante del mismo TSJC.
En la resolución que se hizo pública el pasado miércoles, el juez Jordi Seguí afirma que hay indicios para juzgar en Borràs y los otros implicados por delitos de continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. Seguí afirma que los dieciocho contratos investigados se concedieron a Isaías Herrero o empresas vinculadas a él y observación: "En los dieciocho contratos menores mencionados, Laura Borràs intervino en su condición de directora de la ILC, proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicio, conformando la factura correspondiente y autorizando finalmente el pago, salvo el contrato 14/2015, no pagado por falta de presentación de la factura".
Aunque los trabajos de los contratos se realizaron, el juez Seguí afirma que los "hechos indiciarios expuestos evidenciarían que Laura Borràs abusó de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos menores, con plena conciencia que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público". Entonces, según apunta Seguí, Borràs habría adjudicado indirectamente y de forma arbitraria a un conocido suyo 18 contratos por más de 300.000 euros relacionados con la web de la institución.