Pruebas. La presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, pide la declaración de hasta tres consellers de Cultura en el juicio para demostrar su inocencia, según el escrito de defensa presentado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. En julio, la Fiscalía hizo público que pide para Laura Borràs 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación por su gestión como directora de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 en el 2017. En concreto, los testigos son el actual diputado Ferran Mascarrell, conseller de Cultura del 2010 en el 2016; Santi Vila, que lo sucedió hasta julio del 2017, y Lluís Puig, que tomó el relevo de Vila hasta ser destituido para el 155 y actual diputado de Junts en el exilio.
En el escrito de defensa, de 8 páginas, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, afirma que están "disconformes" con la acusación hecha por la Fiscalía y asegura que "no ha existido ni fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles ni decisiones arbitrarias", y, por lo tanto, solicita la absolución de la presidenta suspendida por el Parlament desde su procesamiento por este caso de supuesta corrupción. No da más detalles y pasa a nombrar los testigos y pruebas que solicita para la celebración del juicio.
El valor de los testigos y la pericial
Primero, la defensa pide a una docena de testigos|, algunos de ellos trabajadores de la Institució y otros del grupo de poesía que compartía con Isaías Herrero, a quien -según la fiscalía- adjudicó los contratos de la web de la Institució sin un concurso público y al que le pide el mismo castigo que a Borràs. Después, añade los consellers y otros cargos, de quienes Boye argumenta que estos testigos "acreditan, en función de los cargos y responsabilidades que ostentaban, la certeza, realidad y calidad de los trabajos objeto de acusación". También expone que en la acusación "se llega a cuestionar la materialización de los trabajos encargados, de forma separada, al coacusado, así como la calidad, necesidad y gasto de los mismos y, por lo tanto-sostiene- es "una prueba testifical útil, necesaria y pertinente". Aparte, solicita la declaración de media docena de agentes de los Mossos de Esquadra y cuatro agentes de la Guardia Civil, que llevaron la investigación.
La acusación de 18 contratos bajo sospecha
En concreto, la Fiscalía acusa a Borràs de haber adjudicado 18 contratos menores sin concurso (es decir, en dedo), que suman más de 309.000 euros, sobre la programación y mantenimiento del portal web de la Institución a su amigo Isaías Herrero, para quien la Fiscalía también pide prisión. También es acusado un amigo de Herrero, Andreu Pujol; mientras que el funcionario de la Institución Roger Espar, que declaró que actuó bajo las órdenes de Borràs, al final no es acusado. La fiscalía retiró la acusación de malversación de fondos públicos, por el cual inicialmente fue investigada la presidenta del Parlamento.
Borràs pide más tiempo
El abogado también informa de que se aporta un "preinforme pericial" informático sobre las evidencias que constan en las actuaciones, el cual precisa que no se ha podido completar, ya que los peritos "necesitan material informático intervenido, así como otros archivos que ya fueron solicitados y admitidos, pero que no se han dado traslado". Y por eso, Gonzalo Boye avisa de que en otro escrito pedirá la suspensión del plazo para calificar el escrito de defensa, que para Borràs finalizaba este martes, para que los peritos finalicen su informe. La defensa de Borràs también pide que declare al final del juicio, cómo se permite actualmente para garantizar mejor el derecho de presunción de inocencia y de defensa.
Si el TSJC no acepta dar más tiempo a Borràs, ahora los otros dos acusados tendrán que presentar sus escritos, y se tendrá que formar el tribunal de tres magistrados del TSJC para juzgarlos y fijar la fecha del juicio.