La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha pedido al Tribunal Supremo que le aplique la amnistía y le archive la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por|para su gestión como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre los años 2013 en el 2017. El TSJC condenó a Borràs a 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación a cargo público y a pagar una multa de 36.000 euros al afirmar que es autora de un delito de prevaricación y otro con falsedad documental.  El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, presentó un recurso de casación contra su condena,  que aún no es firme. Y, ahora, ha pedido en el Supremo que se le aplique la amnistía porque la tarea que hizo a la Institución tenía "la finalidad de divulgar el proyecto independentista", según el escrito que ha avanzado el Ahora y ha tenido acceso ElNacional.cat este viernes. La petición de amnistía se presentó el agosto pasado, pero se ha hecho público unas horas antes del congreso de Junts, en el cual el president en el exilio, Carles Puigdemont, ya anunció que se quiere hacer cargo de la presidencia del partido.

Un segundo argumento expuesto por el abogado es que con esta actuación Borràs no se enriqueció, y que, por lo tanto, se le podría aplicar la normal del olvido penal. En el escrito al Supremo, el penalista recuerda que el TSJC en la sentencia, dictada el 29 de marzo del 2023,  entendió que el trabajo que l'expresidenta del Parlament encargó a Isaís Herrero -que aceptó una condena de 2 años de prisión- fue realizada correctamente y con satisfacción para la entidad. Además, Boye expone que los hechos por los cuales se condenó a Borràs están  dentro del periodo temporal que abraza la ley de amnistía.

Propuesta de indulto

En la sentencia, el alto tribunal catalán propuso al Gobierno que indulte Borràs y le rebaje la condena a 2 años de prisión por así evitar la prisión. Pero la inhabilitación, mantenerla. En la sentencia, el tribunal —con el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de ponente— calificaba de "desproporcionada y excesiva" la pena de prisión que tiene que imponer, siguiendo la actual métrica penal, si se compara con los "comportamientos" de los acusados, de los cuales sostiene que "no hubo ningún lucro personal", sino que se presentaron unos presupuestos falsos, y todo el trabajo en la web de la ILC fue realizada. El tribunal sostiene que la entrada a prisión "no es necesaria para evitar futuros nuevos delitos".

Perseguida por independentista

Boye expone, en el escrito, que no se tiene que confundir la propuesta de indulto con la amnistía, que pide para Borràs. Y añade: "Borràs ejerció su función como directora de la ILC con el fin de promover las letras Catalanas, en el marco de un gobierno con vocación limpiamente procesista. De tal forma que en las elecciones en el Parlament de 2017 fue elegida diputada y el mayo de 2018 fue nombrada consellera de Cultura. Todos estos hitos en su actividad política son las que, en paralelo, se van produciendo a un proceso penal que se intensificó a medida que Borràs fue asumiendo visibilidad y trascendencia política, con un perfil intensamente independentista, dentro de un partido político el líder del cual se encontraba, entonces, y se encuentra ahora en el exilio." 

Además de exponer la persecución de Borràs, su abogado concluye que su tarea en la Institució ha sido fomentar el procés y que " en el proyecto independentista la lengua catalana es uno de los pilares en que se sostiene el mismo".