Doce horas después de que el TSJC dictara la apertura de juicio oral contra Laura Borràs, la presidenta del Parlamento ha defendido una vez más su inocencia y ha reiterado que es víctima del lawfare. "Después de 4 años, el procedimiento judicial que sufro se acerca a la fase decisiva. Durante todo este tiempo he reivindicado y reivindico mi inocencia en capa y espada y he denunciado que soy víctima de lawfare, de una persecución política,"afirma Laura Borràs en un largo hilo Twitter donde lo argumenta. Borràs será juzgada por los delitos de prevaricación y falsedad documental por, según la Fiscalía, haber concedido dieciocho contratos, con un coste de más de 309.000 euros, a un amigo suyo sin ningún concurso público cuando era directriz de la Institució de les Lletres Catalanes. ERC, la CUP y el PSC pedirán la suspensión de Laura Borràs como presidenta a la reunión de la Mesa del Parlament que se celebrará este jueves. La presidenta insta a los miembros de la Mesa a actuar "como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores" ante su posible suspensión.
"He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho el que me acusan de haber hecho y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía", asegurado.
Los argumentos de Laura Borràs
En respuesta a las peticiones de suspensión y de dimisión, Borràs asegura que el procedimiento judicial que se sigue contra ella y que empezó hace cuatro años tiene un inicio irregular al tratarse de una investigación "prospectiva, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico e inconstitucional: no buscaba aclarar unos hechos, sino investigar una persona", asegura. En este punto recuerda que la jueza que inició la investigación, Sílvia López Mejía, es próxima a Ciudadanos y fue multada para amenazar los Mossos en un control de alcoholemia. También apunta contra el fiscal que se hizo cargo del caso, de que también investiga Josep Alay, y recuerda que la diputada de Ciudadanos Anna Grau ya se vanaglorió al pleno del Parlament que su partido estuvo al inicio de las investigaciones.
Laura Borràs niega "rotundamente" que, tal como lo acusa la Fiscalía, fraccionara contratos y sostiene que así lo determinaron los Mossos d'Esquadra. "Yo niego rotundamente que fraccionara contratos y a la instrucción de Mossos también. El fraccionamiento, con todo, no es un delito sino una irregularidad administrativa, no una causa penal". Para avalar esta afirmación se dirige a las manifestaciones del actual director de la Institución de las Letras Catalanas, Oriol Ponsatí-Murla, que en una entrevista en TV3, rechazó el fraccionamiento de los contratos.
Insiste la presidenta del Parlamento en que el informe de los Mossos d'Esquadra determina no va elementos suficientes para afirmar que había ningún tipo de irregularidad, y ante esto la jueza pasó la investigación a la Guardia Civil. "La excusa fueron filtraciones sobre la investigación. Justamente desde que investiga la GC es cuando se producen filtraciones, siempre coincidiendo con momentos significados políticamente", afirma en un tuit. Estas filtraciones, prosigue, empezaron el día que arrancó la campaña para las elecciones generales si hasta el congreso de Junts en Argelers.
Denuncia de persecución
Laura Borràs denuncia que ha tenido conocimiento de las informaciones judiciales por la prensa antes que por sus abogados y hace un listado de todas las ocasiones en las cuales ha tenido lugar. "La primera noticia que estaba siendo formalmente e ilegalmente investigada (antes, con el secreto de sumario, no tengo derecho a defensa) llega en junio de 2019 a través de la Secretaría del Congreso de Diputados (no a través del Juzgado): hay un procedimiento penal abierto contra mí", asegura. También denuncia Borràs que "cuando el caso pasa en el Tribunal Supremo, en pleno estado de alarma por covid, y a pesar de que la situación sanitaria limitó la actividad judicial a los casos más graves o urgentes; el suplicatorio en el Congreso se tramita de manera exprés, que no se podía hacer porque no entraba en los supuestos del real decreto".
En este punto, insiste en que el componente de persecución política es un hecho que ha sido admitido por representantes de ERC y la CUP, así como desde Òmnium Cultural y adjunta vídeos con declaraciones de la portavoz de ERC, Marta Vilalta, el exdiputado de la CUP Pau Juvilla y el presidet de Òmnium, Xavier Antich.
Laura Borràs y su suspensión
El largo hilo en Twitter acaba con un repaso de las acusaciones: "Después de 4 años en que se me ha acusado de 4 delitos, a la hora de la verdad, la fiscalía no puede sostener los 2 más graves, que se pueden vincular al concepto de corrupción: malversación y fraude. ¿Quién me podrá resarcir de estas acusaciones falsas y maliciosas que buscaban destruirme"?, se pregunta.
"A pesar de todo, se mantienen acusaciones por 2 presuntos delitos y el juez que habíamos recusado ha decretado la apertura|abertura del juicio oral el día antes de la mesa de diálogo (sic). En este escenario, la Mesa del Parlament decidirá si se me aplica el "famoso" artículo 25.4 del Parlament", afirma y explica como en este artículo, impulsado por la CUP, "se defiende que la suspensión se tiene que producir cuando hay "corrupción lucrativa" (poner la mano en la caja para lucro personal) y ya ha quedado evidenciado que este no es el caso". "Al margen de todo lo que ya se ha comentado sobre el hecho de no respetar la presunción de inocencia, la finalidad del artículo era la suspensión preventiva de los diputados acusados de delitos relacionados con la corrupción lucrativa; o sea, la malversación, que ya ha caído de la causa.
La presidenta incide más en la acusación e insiste, que, tal como afirma su abogado, Gonzalo Boye, "no puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la administración". En este punto, Laura Borràs se dirige en los miembros de la Mesa del Parlamento: "Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia, la decisión política más ecuánime". La Mesa tomará este jueves la decisión sobre el futuro de Borràs.