Desde este jueves Laura Borràs ya no puede ejercer de presidenta del Parlament. Así lo ha acordado la Mesa extraordinaria convocada este jueves a las 12 del mediodía, donde el PSC, ERC y la CUP han pedido aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament a Borràs, que establece que se tienen que suspender los derechos y deberes de un diputado cuando se le abre un juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. La decisión llega después de que el martes el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resolviera abrir juicio a la dirigente de Junts por los delitos de prevaricación y falsedad documental cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Una vez se ha tomado esta decisión, Borràs ha perdido todos sus derechos y deberes como diputada, lo que también implica no poder ser presidenta del Parlament. Tampoco tendrá derecho a asistir a los plenos del Parlament, no podrá votar, no podrá participar de las comisiones ni cobrar su sueldo.
🔴 Laura Borràs, suspendida como presidenta del Parlament | DIRECTO
Hasta última hora todos los partidos del Parlament excepto Junts per Catalunya han presionado Borràs pidiéndole que se aparte voluntariamente, principalmente para preservar la cámara de una nueva polémica y no utilizarla para finalidades individuales. La presidenta de la cámara, sin embargo, hace semanas que ya anunció que no pensaba dimitir precisamente para preservar la honorabilidad de la institución, y así lo ha ido repitiendo día tras día. De hecho, el martes mismo por la noche, después de que se le abriera juicio, hizo un largo hilo de Twitter donde defendió una vez más su inocencia y reiteró que es víctima del lawfare: "He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía", proclamó la presidenta, para después pedir a los partidos independentistas que no la dejen caer.
La decisión tomada a la Mesa no ha estado exenta de polémica, y es que en las puertas del Parlament se han personado centenares de personas, convocadas por su grupo de apoyo, para movilizarse contra esta suspensión y para denunciar que se trata de un caso de "persecución política", para reivindicar su presunción de inocencia y preservar sus derechos fundamentales. Este grupo de apoyo, impulsado por el entorno de la presidenta, hizo hace unas semanas un manifiesto para acompañar Borràs en esta causa judicial, y recibió la adhesión de personalidades como Carles Puigdemont, Quim Torra o Lluís Llach, entre más de 7.000 personas.