La expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, ha ido este viernes al Palacio de Justicia para que la secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le comunique la ejecución de su condena por el caso de la Institució de las Lletres Catalanes. En concreto, el TSJC le ha comunicado que empieza a contar el reloj de su inhabilitación a cargo público y que no puede ir a una lista electoral durante 13 años y que tiene que pagar una multa de 36.000 euros. Borràs podrá continuar trabajando en la docencia: su plaza de funcionaria pública, no ha estado nunca en peligro, y actualmente es profesora en la Universitat de Barcelona. Ha sido un trámite, que Borràs ha hecho acompañada de sus abogados, Gonzalo Boye y Jordi Cabré.

El TSJC ya resolvió, el viernes pasado, la entrada en la prisión de Borràs por la condena de 4 años y 6 meses que le impuso, a la espera de que el Gobierno decida si le concede un indulto parcial, tal como propuso el mismo tribunal en la sentencia. El TSJC ya ha pedido que se le conceda un  indulto de la pena hasta dos años de prisión para que no tenga que entrar en un centro penitenciario, en ver excesiva la pena que el Código Penal fija y ante la no previsión de reincidencia.

El contador de la condena

Una vez notificada, ahora la defensa de Borràs podría pedir la reducción de su inhabilitación porque el Parlament -en aplicación del reglamento de la cámara catalana- le quitó el escaño  el 1 de junio de 2023, cuando el TSJC le abrió juicio oral.

El Tribunal Supremo confirmó la pena, el febrero pasado, por los delitos de prevaricación y falsedad documental por haber pagado unos 335.000 euros a un amigo para que hiciera la web de la Institución. Trabajo, que fue ejecutado con corrección, a pesar de que sin pasar antes por un concurso público y con pagos fraccionados.

El precedente del president Torra

Es decir, inicialmente la inhabilitación política de Laura Borràs es hasta el año 2038. Pero su defensa podría reclamar ahora que se le descuente estos cerca de dos años que ya lleva suspendida de cargo público. También podría solicitar que se fraccionara el pago de la elevada multa impuesta.

El precedente más reciente es el caso de Quim Torra,  condenado en un año y medio de inhabilitación por el caso de los carteles en favor de los presos políticos y exiliados, que colgó al balcón de la Generalitat, y que la Junta Electoral lo obligó a dejar el acta antes de que la sentencia fuera firme, apelando al cambio sobrevenido de su situación.  El TSJC, al final, le rebajó unos dos meses y pico la condena al calcular 1 día de inhabilitación por cada tres suspendido.

Después, Torra tuvo que afrontar un segundo juicio por desobediencia  al tribunal por los mismos hechos sin ocupar ningún cargo público.