El Tribunal Constitucional tiene, desde este lunes, mayoría progresista. Eso es gracias a la entrada de los nuevos magistrados Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa, y a la salida de Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares. De entre los novatos en el tribunal de garantías, llama la atención el caso de Laura Díez, una catalana que ha trabajado tanto para la Generalitat como para La Moncloa. Eso, sin embargo, puede debilitar la mayoría progresista en este tribunal. Vamos por partes.
Díez es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional de esta misma entidad. Aparte de ser adjunta en el Síndic de Greuges entre el 2004 y el 2010, fue también asesora del Govern para la reforma del Estatut entre el 2002 y el 2004. Fue, además, nombrada vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya el pasado 25 de mayo de 2022. Antes de volver a prestar sus servicios para la Generalitat, había pasado por La Moncloa.
El perfil de Díez es el de una funcionaria dispuesta a servir a las instituciones a través de su pericia. Ha sido los últimos dos años la directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia; además de ser entre 2018 y 2020 la directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del mismo Ministerio.
Cuando Díez compareció en el Parlament el pasado mes de marzo (previo a su nombramiento para el Consejo de Garantías Estatutarias) apostó por la evolución del marco legal, afirmando que "no es lo mismo la Constitución en el año 1978 que en el siglo XXI". Además, ha hecho investigaciones en favor de los estados descentralizados, la libertad de expresión, el derecho a la información y las instituciones constitucionales de garantía de derechos.
Unos currículums que hacen peligrar la mayoría progresista
El currículum de Díez, por sus vinculaciones con el autogobierno catalán y con La Moncloa, puede hacer peligrar la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, ya que la magistrada puede ser recusada por alguna parte cuando sobre la mesa del tribunal de garantías llegue alguna cuestión relacionada con los catalanes. Pasa el mismo con Juan Carlos Campo, que hasta hace poco estaba también en La Moncloa con un cargo todavía más público y vistoso: el de ministro de Justicia.
El hecho de que, por ejemplo, los indultos a los presos políticos lleven la firma de Juan Carlos Campo hace que el exministro de Justicia se tendrá que levantar de la mesa de magistrados cada vez que llegue cualquier recurso relacionado con esta cuestión. Si no lo hace, será fácilmente recusado. El problema de Campo es que no todo acaba en los indultos. En tanto que fue ministro de Justicia, ha sido el responsable de varios informes preceptivos sobre algunas leyes que, precisamente, están recurridas en el Constitucional, como es el caso de la polémica ley del 'solo Sí es Sí'. Y, por si no fuera poco, mantiene una relación sentimental con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por lo cual puede ser fácilmente recusado en caso de que se presente algún texto relacionado con la máxima responsable de la cámara alta.
Para entender el peligro en el que se puede encontrar la mayoría progresista hay que explicar lo siguiente: desde este lunes hay siete magistrados progresistas (Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano, Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Juan Ramón Sáez). Pero con respecto a la rama conservadora, solo hay cuatro: César Tolosa, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez. Hay uno quinto, Alfredo Montoya, que está de baja por motivos de salud, y hay que encontrarle un sustituto. Eso, sin embargo, a estas alturas parece casi imposible porque PP y PSOE no se ponen de acuerdo ni para renovar el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace años. En caso, sin embargo, de encontrar a un sustituto y de aparecer un tema que hace apartar de la cuestión a Díez y Campo, el Constitucional puede encontrarse en empate entre progresistas y conservadores (5 a 5), y eso si la cuestión catalana no provoca que haya algún tránsfuga conservador.