Con la cuenta atrás activada para evitar una repetición electoral, la política española está pendiente de los movimientos entre Junts y el PSOE para una posible investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo se acerca, pero este domingo surgió una cuestión que puede atascar las negociaciones: el lawfare. El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, reivindicó la lucha contra el lawfare en medio de las conversaciones con los socialistas, lanzando una advertencia que desde el PSOE han recogido. Así, el partido de Pedro Sánchez ha cedido y se ha abierto a abordar esta cuestión, una propuesta que no ha gustado a todos los de la formación. ¿Pero qué es el lawfare, el concepto que ha atascado la negociación entre Junts y PSOE?
El término lawfare se utiliza para referirse a una persecución judicial con el objetivo de inhabilitar a un adversario político a través de procedimientos jurídicos. Es decir, utilizar la justicia de manera abusiva o ilegal, manteniendo una apariencia de legalidad, para desacreditar, perjudicar, deslegitimar y perseguir políticamente a un rival político. Según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, lawfare significa "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo".
El término en inglés modifica la palabra warfare (que se traduce como ir a la guerra), sustituyendo la palabra war (guerra), por ley (law). La expresión empezó a utilizarse a principios del siglo XXI en el ámbito militar por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que cuestionaban el uso de los sistemas judiciales internacionales para proteger los derechos humanos por parte de los bandos más débiles en una guerra como un arma para defenderse. De esta manera, el lawfare se definía como un método de guerra asimétrica que utiliza la ley para conseguir un objetivo militar. Más tarde, sin embargo, se empezó a aplicar en la política para referirse a situaciones donde se utilizan procesos judiciales para hacer una persecución política contra un adversario.
En el caso del independentismo catalán, el lawfare incluye causas judiciales que no están directamente vinculadas con la organización del 1-O ni con la del 9-N, pero que, según el movimiento, también buscan perseguir a personas por razones políticas. Es el caso, por ejemplo, del responsable de la Oficina del president Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, implicado en el llamado caso Volhov, y también el del exconseller de Interior Miquel Buch, que ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por contratar a un agente Mosso d'Esquadra para que hiciera de escolta a Puigdemont cuando estaba en Bélgica.
La advertencia de Puigdemont
Carles Puigdemont puso el lawfare encima de la mesa este domingo, a través de un tuit. "El mes de febrero de 2020 moderé un acto al Parlamento Europeo sobre "Lawfare, judicialization of politics". Quien tenga interés en saber qué es, allí se expusieron casos escandalosos que afectaban a líderes políticos sudamericanos, entre otros. El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino lograr, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial," escribió el presidente, abriendo un nuevo frente a las negociaciones con el PSOE.