El Gobierno no se mueve de su versión: el informe de la comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa no pone en duda el estado de derecho en España, sino todo lo contrario. En estos términos ha insistido este martes la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, preguntada por Junts per Catalunya en el Senado. Lejos de admitir el contenido del documento, la máxima representante diplomática española ha defendido que el organismo "reconoce que el Estado de derecho en nuestro país funciona correctamente" y "expresa sin margen de duda su confianza en el orden constitucional español".

En su pregunta durante la sesión de control, Josep Lluis Cleries ha avisado a la ministra de que hace el "ridículo" interpretando de manera sesgada el informe, recordándole que "pide al Estado español que indulte o libere a los presos y retire las peticiones de extradición contra los exiliados". De la misma manera, ha subrayado, el documento exige la reforma de la rebelión y la sedición. En este contexto, el portavoz de Junts en el Senado la ha acusado de "falta de comprensión lectura", en el mejor de los casos, o de "afán de manipulación", en lo peor. "La fabricación de fake news por parte de un gobierno es intolerable", ha remachado.

Pero González Laya no se ha movido de la interpretación oficial de este informe. Según la ministra española de Exteriores, el documento "reconoce el orden constitucional español, el buen funcionamiento del estado de derecho, la independencia de los tribunales para resolver los recursos". También, ha añadido, el Consejo de Europa avala que su apuesta por la negociación política se circunscribe "dentro del orden constitucional español". Ya hacia el final de su respuesta, ha admitido que "sugiere" la posibilidad de indultos y de revisar el Código Penal, cuestiones que está abordando el Gobierno.

 

El informe del Consejo de Europa

El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha elaborado un informe sobre el enjuiciamiento de políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos, en que analiza las situaciones en España y en Turquía. Como conclusión, esta comisión pide a las autoridades españolas la libertad, a través del indulto u otras vías, de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum. Asimismo, reclama abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes residentes en el extranjero y que estén perseguidos por los mismos motivos. La resolución adoptada por la comisión se tendrá que votar en la Asamblea Parlamentaria del Consejo el mes de junio