Defender la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias, dijo Quim Torra hace sólo unas horas. Y lo cierto es que la guerra por la libertad de expresión no ha hecho más que empezar. De momento, después de diez días de incertidumbres, discusiones, ultimátums, alegaciones, desafíos y cambios de guion y de color, el resultado es que los lazos ―amarillos y blancos― desaparecen de las dependencias de la Generalitat y que el president ya tiene abierta una causa por desobediencia.

Nueve meses después de haber llegado a la presidencia, Quim Torra sabe que tendrá que pasar por los tribunales, como sus predecesores Artur Mas y Carles Puigdemont, para seguir batallando en el pulso que mantiene contra la Junta Electoral Central. Una pugna que tiene su origen en una denuncia de Ciudadanos. El president ha incumplido los dos plazos fijados para sacar la simbología a favor de los presos y exiliados. El martes, la portavoz del Govern Elsa Artadi anunció la intención de Torra de desafiar la primera orden de la JEC manteniendo la pancarta con el lazo amarillo en el Palau a la espera del veredicto final del síndic de greuges. Rafael Ribó ya había adelantado a Presidència que había que obedecer a la autoridad electoral, es decir, que había que quitar los símbolos de los edificios públicos en periodo electoral.

De la libertad por los presos y exiliados, a la libertad de expresión

Muchos consellers y miembros del ejecutivo desaprueban desde el principio la actitud beligerante de Torra en esta guerra, porque consideran que es una causa menor, que si se tienen que jugar la inhabilitación del president tendría que ser por alguna razón más sólida, menos estéril. Consciente de eso, Torra intentó rebajar la confrontación con la JEC pero sin claudicar y cambió el lazo amarillo por uno de blanco tachado de rojo. De la libertad por los presos y exiliados, a la libertad de expresión. La finta no sólo no convenció en Madrid, sino que les enervó. En la reunión donde tenían que decidir qué medidas emprender contra el president, los magistrados de la Junta Electoral Central optaron por el pack completo: multa, denuncia a fiscalía y orden a Mossos d'Esquadra para que retiraran los carteles reivindicativos.

Este viernes por la mañana, el desenlace del primer capítulo. El Govern ha preferido blindar la Policía de Catalunya y se ha procedido a la retirada de las pancartas en Palau y en las sedes de las conselleries sin que los agentes hayan tenido que intervenir públicamente. En paralelo, Quim Torra ha anunciado que se querella contra la Junta Electoral Central por prevaricación. Instantes después, la fiscalía ha hecho público que se querella contra el president por desobediencia a la Junta Electoral Central. Para rematarlo, a primera hora de la tarde dos de los hombres de confianza del president han salido al balcón para colgar una nueva pancarta que dice "Libertad de expresión y de opinión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". De momento, todavía ondea.

Primer capítulo pues, de un nuevo serial judicial. Mientras tanto, en el Govern, este nuevo frente no ha hecho más que profundizar en las incomodidades. Desde ERC aseguran que todo es cosa del president y que no han sido informados en ningún momento de la decisión de volver a colgar una lona en la fachada de Palau. Ellos, dicen, dan por acabada la batalla.