El paso de Meritxell Batet (Barcelona, 1973) por la presidencia del Congreso de los Diputados (2019-2023) tendrá ingredientes de sobra para escoger. La que dejamos ha sido una legislatura convulsa y peculiar por diferentes razones. Por primera vez, la extrema derecha ha tenido voz propia y ha tensado la vida política hasta cuotas poco imaginables; la crispación se ha traducido en la normalización de las descalificaciones y los insultos; la cámara baja ha vivido una situación de crisis excepcional por culpa de la covid-19 y nadie olvidará el pleno medio vacío con diputados separados y ataviados con mascarillas; también han sido cuatro años marcados por la resaca política del procés independentista. Así ha sido la legislatura de Batet al frente de la tercera institución más importante del Estado.
Los presos políticos, suspendidos; el catalán, despreciado
Batet ha sido la primera catalana en presidir el Congreso de los Diputados. Fue después de las elecciones generales de abril de 2019. La escogieron en mayo en una sesión constitutiva inédita porque asistieron en ella los cuatro diputados presos por el procés independentista, Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (Junts). Oriol Romeva (ERC) fue elegido senador. Acudieron a la constitución provenientes de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde cumplían prisión preventiva por el referéndum del 1 de octubre. Se movieron libremente por el pleno, pero después de seis horas y bajo un estricto control policial, los cuatro presos políticos volvieron a la cárcel después prometer el cargo "como preso político y por imperativo legal".
La primera patata caliente para Batet fue resolver la suspensión de los presos políticos como diputados electos. Después de consultar a los letrados de la cámara y preguntarlo al Tribunal Supremo, la Mesa del Congreso —con la oposición de los miembros de Unidas Podemos— acordó retirar el acta a los cuatro diputados que estaban en prisión preventiva en virtud del artículo 384bis de la ley de enjuiciamiento criminal pocos días después de que tomaran posesión. Según este artículo, se tenía que suspender de cargo público a los diputados bajo auto de procesamiento y en la cual se hubiera decretado prisión provisional por un delito vinculado a bandas armadas o rebeldes —entonces estaban procesados por rebelión por el juez instructor Pablo Llarena—.
La cuestión lingüística ha vuelto a marcar el paso del Congreso. La relación parlamentaria entre Albert Botran (CUP) y Batet ha provocado algunas escenas simbólicas de esta legislatura. El diputado cupaire defendió en más de una ocasión el posicionamiento de su partido en catalán —en textos que trataban la enseñanza lingüística— y la presidenta de la cámara le cortó y le retiró la palabra después de tres advertencias, recordando que, según el reglamento, no se puede utilizar una lengua que no sea el castellano, a excepción de si los legisladores querían hacer alguna cita concreta. En una entrevista electoral, Batet aseguró que algunos diputados se expresaban en catalán para "provocar".
Ahora la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, propone modificar el reglamento para que se puedan utilizar indistintamente en el pleno el catalán, el vasco y el gallego, al margen del español. Esta situación de arrinconamiento de las lenguas cooficiales del Estado también se ha repetido en legislaturas anteriores.
La legislatura de la normalización de la bronca
Si bien es cierto que el procés independentista multiplicó la tensión política en el Congreso de los Diputados alrededor del 2017 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, Batet ha lidiado estos cuatro años con un pleno en el cual se ha acostumbrado a escuchar exabruptos, insultos y descalificaciones desde la tribuna de oradores, sobre todo por parte de la bancada de Vox. Los debates a menudo se han convertido en ásperos y groseros haciendo decaer la calidad de la conversación política, más propia de una olla de grillos. Prueba de eso es que la diputada ultra Carla Toscano insultó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la cual dijo: "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".
Curiosamente aquel mismo día, Batet también advirtió a Montero por haber acusado al PP de "promover la cultura de la violación" en la Comunidad de Madrid y Galicia, territorios controlados por los conservadores, a raíz de una campaña de prevención de la violencia de género. Con todo, los ultras —con la complicidad del PP— se han hartado de calificar de "golpistas", "terroristas" y "filoterroristas" a los miembros de Esquerra Republicana y EH Bildu. Además, el anterior líder del PP, Pablo Casado, también había acumulado decenas de descalificaciones contra Pedro Sánchez, a quien acusó de "felón", "sociópata" y "guerracivilista", entre otros.
La espiral de insultos obligó a Batet a mover ficha ante las críticas de algunos sectores de Podemos que la acusaban de ser demasiado blanda con la verborrea de la derecha. En un punto clímax de la tensión, la presidenta, con cara de pocos amigos, paró de golpe el pleno e hizo un alegato a favor de "dignificar" la política: "Les pido de nuevo que cada vez que suban a esta tribuna no suban a herir y ofender. Suban a defender sus posiciones políticas sin ofender y sin herir, y saben perfectamente que hay determinadas expresiones que lo único que buscan es eso". A los diputados también les estiró las orejas en la Junta de Portavoces reclamándoles "respeto" ante la deriva de los debates parlamentarios. A pesar de las peticiones de los representantes para que se retiraran algunos insultos del acta del pleno, nunca ha quedado claro qué se puede decir y qué no en el Congreso de los Diputados.
Pleno, separación y mascarilla
La crisis por el coronavirus impactó de lleno en el Congreso de los Diputados. A efectos de la pandemia que estalló en España en marzo del 2020, Batet suspendió casi toda la actividad legislativa durante quince días. En abril, mientras la ciudadanía estaba confinada en casa, un grupo reducido de diputados tenía permiso para asistir a los plenos donde se tenían que aprobar las medidas para combatir la pandemia, como la aplicación del estado de alarma. El hemiciclo estaba casi vacío —podían asistir unos 50 de 350 diputados— y el voto telemático estaba completamente generalizado. La presencialidad se fue recuperando a medida que mejoraban los datos sanitarios, aunque los diputados, como toda la ciudadanía, tenían que llevar mascarilla en el Congreso. En 2021, el Tribunal Constitucional sentenció que cerrar el Congreso por la covid había vulnerado los derechos de los diputados.