Esta semana se ha cumplido un año desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciara que asumía la investigación iniciada por Anticorrupción al rey Juan Carlos sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE en la Meca cuando todavía era jefe de Estado. Ha pasado un año y las investigaciones no avanzan. La lentitud de la justicia española beneficia al emérito. Entretanto, la situación judicial de Juan Carlos, huido a los Emiratos Árabes, sigue igual: está bajo sospecha, pero no hay ninguna causa abierta formalmente contra él. En paralelo, han fracasado todas las iniciativas planteadas al Congreso a fin de que el rey Felipe VI dé explicaciones a la cámara.
La Fiscalía del Supremo, que inicialmente trabajaba en el caso de las comisiones del AVE de la Meca, se ha encontrado en estos doce meses que debe investigar otras conductas del todo sospechosas y del todo irregulares: una sobre donaciones no declaradas al fisco y otra de posibles fondos en paraísos fiscales. En paralelo, también investiga las dos regularizaciones tributarias hechas por el rey emérito.
El cierto es que en este último año no ha habido avances significativos en las investigaciones y nada hace pensar que la tarea que lleva a cabo el equipo de fiscales encabezado por Juan Ignacio Campos tenga fecha de finalización. Estos son los escándalos que investiga la fiscalía y que llevaron Juan Carlos I a abandonar precipitadamente España el 3 de agosto del 2020 y fijar su residencia en la Unión de los Emirates Árabes.
Las comisiones del AVE de la Meca
La primera investigación abierta por la Fiscalía fue referida a las comisiones del AVE en Meca. A finales de 2018, la Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del AVE de la meca a un consorcio de empresas españolas en 2012, la más importante conseguida por España, por unos 6.500 millones de euros.
En una conversación grabada el año 2015 al excomisario José Manuel Villarejo y el examante del rey, Corinna Larsen, se hablaba del presunto cobro de 65 millones de euros procedente del país árabe, que el emérito ingresó en una cuenta en Suiza en nombre de la Fundación Lucum, de la cual era beneficiario.
Corinna Larsen declara durante un juicio al excomisario Villarejo / Efe
El caso inicialmente lo investigó la Audiencia Nacional, que decidió archivarlo. La Fiscalía Anticorrupción lo reactivó y finalmente la asumió la Fiscalía del Supremo cuando Juan Carlos I pasó a ser aforado después de su abdicación y dejó de ser inviolable.
El rey emérito transfirió el año 2012 buena parte del dinero que eran a Lucum a una cuenta de Corinna Larsen en las Bahamas como regalo por la relación íntima que habían mantenido entre 2004 y 2009. Después de saberse que Felipe VI era el segundo beneficiario de Lucum, el rey marcó distancias con su padre. Renunció a su herencia y retiró al emérito la asignación del Estado.
El caso de las comisiones también está siendo investigado por la Fiscalía de Ginebra, que centra sus indagaciones en los testaferros de Juan Carlos I, entre los cuales se encuentra el primo a Álvaro d'Orleans, Dante Canónica i Artura Fasana, además de Corinna Larsen.
La reina Sofía y sus nietos Floilán y Victoria Federica se beneficiaron de las tarjetas opacas / GTRES
Las tarjetas opacas
El 3 de noviembre pasado la Fiscalía del Supremo abrió una segunda investigación a instancias de Anticorrupción sobre las presuntas donaciones recibidas a través de tarjetas de crédito opacas.
El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, estrecho amigo del Juan Carlos, le ingresó dinero para gastos personales y familiares entre 2016 y 2018, cuando ya no era jefe de Estado. Se beneficiaron, aparte del emerit, la reina Sofía y alguno de los nietos. Para no levantar sospechas, la entrega del dinero se hizo a través del coronel Nicolás Murga, antiguo ayudante de campo del rey y hombre de toda confianza.
Fondo en paraísos fiscales
No habían pasado tres días de la apertura de la causa de las tarjetas que Anticorrupción abría una tercera investigación, en este caso por la existencia de presuntos fondos irregulares del emérito, conocidos a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En el dosier, se apuntaban sospechas que podía tener guardados fondos millonarios en el paraíso fiscal de la isla británica de Jersey desde hace más de veinte años.
El rey emérito con Felipe VI, que retiró la asignación del Estado a su padre / GTRES
Investigación tributaria
En paralelo, la Fiscalía investiga dos regularizaciones fiscales realizadas por Juan Carlos, vinculadas a los escándalos de las tarjetas opacas y de gastos no declarados. En el primer caso abonó 678.000 euros en diciembre del 2020. Dos meses después, el 26 de febrero, hizo una segunda regularización por valor de 4,3 millones de euros por el dinero de la Fundación Zagatka, fundada en 2003 por De Orleáns-Borbó, para el pago de vuelos privados y gastos personales a espaldas del fisco entre 2014 y 2018.
Al saldar las dos deudas sin requerimiento previo de Hacienda y sin denuncia de la Fiscalía, el emérito evitaba ser acusado el delito tributario, pero la Fiscalía entendió que había que investigar los pagos y el origen del dinero con el cual saldó la deuda, al provenir de empresarios amigos del rey emérito.
Imagen principal, el rey emérito Juan Carlos está siendo investigado desde hace un año por la Fiscalía del Tribunal Supremo / GTRES