En el 2010, el Partido Popular impuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, también conocida como ley de plazos, ante el Tribunal Constitucional. Once años después, este recurso sigue sin tener una sentencia. Ahora, este documento vuelve a estar al punto de mira, después de que exdiputados del PP denunciaran el TC en Europa por dilaciones indebidas y el Constitucional planee desde el verano reactivar la sentencia. Esta se decidirá con los dos nuevos jueces escogidos por el PP, Concepción Espejel y el polémico Enrique Arnaldo, que ya se habían mostrado anteriormente en contra de la norma.
Además, también hay que tener en cuenta que Pedro Gónzalez-Trevijano, el nuevo presidente del Tribunal, fue la propuesta del PP para participar en la subcomisión del Congreso sobre la ley del aborto 11 años atrás, aunque finalmente no asistió por "problemas de agenda". La jueza Espejel, en su momento, elaboró un informe desde el Consejo General del Poder Judicial contra la norma. En el caso d'Enrique Arnaldo, ahora encargado de la ponencia sobre el recurso dejó claro en el 2009 lo que pensaba sobre el proyecto de ley.
Críticas a Aído
En un artículo en El Imparcial, recuperado ahora por eldiario.es, Arnaldo aseguraba que "el estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza, que es la clave o la razón última del Derecho. Saber a qué atenernos y no depender de la ocurrencia del momento. Pero exigir conocimientos en los gobernantes es mucho pedir". Esta última frase es un mensaje a la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Arnaldo se mostraba contrario al hecho de que las menores de edad pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres y también a una declaración en concreto de la ministra Aído, en el que aseguraba que, si las menores de entre 16 y 18 pueden escoger si se casan o tienen hijos, también pueden decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Comparar embarazo y enfermedad
Por su parte, Concepción Espejel elaboró un informe de hasta 66 páginas en la que hizo una enmienda a la totalidad del anteproyecto. En él criticaba los términos "ambiguos, que parecen destinar cierto contenido más político o sociológico que jurídico", en este caso utilizados por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y el enfoque de género. En este sentido, critica que faltaran hombres en la elaboración de la ley, considerando que la desigualdad no se puede resolver con una "ley sesgada". En el texto, de marcado tono conservador, criticaba la ausencia de referencias a las familias y a la objeción de conciencia de los médicos a la hora de practicar abortos.
Espejel denunciaba que, según su opinión, la nueva normativa comparaba el embarazo con una enfermedad y no protegía la vida de los no nacidos ante el derecho a las mujeres de decidir si continuar o no con su embarazo. Entre las recomendaciones que hacía en aquel momento el ahora jueza del Tribunal Constitucional, había la de informar a las mujeres puntualmente sobre el estado de su embarazo.
Denuncias delante el TEDH
El pasado mes de julio, dos exdiputados del PP y una diputada de Vox que pertenecía a los populares en el 2010, año de la ley, decidieron interponer una denuncia contra el TC ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por|para "dilaciones indebidas". Eso hizo que el Constitucional recuperara del baúl de los recuerdos el recurso del PP y tuviera la intención de reactivar la sentencia, pero esta todavía no ha llegado.
Ahora, una de las principales propuestas que tiene el líder del PP, Pablo Casado si llega a ser presidente del Gobierno, como auguran la mayoría de la encuesta, es derogar esta ley de plazos. Con todo, los populares todavía no han definido el contenido de esta ley que está preparando, por lo tanto, se desconoce si la reforma supondría volver al modelo basado en la concepción del aborto como delito excepto casos determinados, o mantendría el modelo actual de plazos, que dice que el aborto, durante las primeras semanas del embarazo, es un derecho de la mujer.